Alianza por la Libertad de Expresión rechaza medida arbitraria contra Globovisión

Fecha: 18-10-2011 11:30 PM

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La medida es arbitraria y pretende a doblegar la perspectiva editorial de Globovisión

La Alianza por la Libertad de Expresión, rechaza la imposición por parte de Conatel de una multa de más de 2 millones de dólares a Globovisión. La multa aplicada es arbitraria, desproporcional, sanciona a un medio por su línea editorial y es inadmisible en una sociedad democrática. La Alianza exige al Estado venezolano que desista de su política restrictiva de las libertades y que asuma responsablemente las obligaciones internacionales consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

La Alianza por la Libertad de Expresión, rechaza la imposición por parte de Conatel de una multa de más de 2 millones de dólares a Globovisión. La multa aplicada es arbitraria, desproporcional, sanciona a un medio por su línea editorial y es inadmisible en una sociedad democrática. La Alianza exige al Estado venezolano que desista de su política restrictiva de las libertades y que asuma responsablemente las obligaciones internacionales consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

El 18.10.11, se notificó a la televisora venezolana Globovisión una decisión administrativa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que incluye una sanción, por un presunto fomento de la zozobra en la ciudadanía, alteración al orden público o el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente; instigación al odio y a la intolerancia por razones políticas; y a incitar, promover y/o hacer apología al delito; según lo previsto en el Artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. La sanción fue impuesta de acuerdo con lo establecido en el Artículo 29 de la mencionada ley, la cual es equivalente al 7,5% de los ingresos brutos obtenidos en el año fiscal 2010, los cuales ascienden a 9.300.000 bolívares fuertes, que equivalen a $2.162.790 dólares estadounidenses.

Los argumentos para los presuntos ilícitos cometidos se remontan a una serie de programas, emisiones y avances transmitidos por el canal Globovisión los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 2011 en relación a los sucesos que estaban ocurriendo en ese momento en los centros penitenciarios “Rodeo I” y “Rodeo II”, en los cuales había una situación irregular que originó diversos enfrentamientos entre los reclusos y el personal de seguridad.

Los familiares de los detenidos reclamaban información a las autoridades ante la incertidumbre que se registraba en las inmediaciones de los centros penitenciarios. En algunas oportunidades los familiares y periodistas fueron dispersados mediante el uso de gases lacrimógenos y la actuación de las fuerzas de seguridad. Los familiares reclamaban información y se hacían eco de la preocupación por los tiroteos en el penal, agresiones y muertes ocurridas.

El conjunto de los tipos sancionatorios y su alcance es muy amplio; están definidos de forma genérica en la Ley de Responsabilidad Social en Radio Televisión y Medios Electrónicos en su artículo 27. La aplicación es arbitraria y responde a otros intereses asociados a doblegar la perspectiva editorial de canal Globovisión, que es un medio crítico e independiente del gobierno nacional. Ello afecta la previsibilidad de una responsabilidad legal para quienes ejercen la libertad de expresión en radio, TV y medios electrónicos
Una tipificación genérica e imprecisa, una aplicación arbitraria e interesada por un órgano dependiente del ejecutivo nacional y una desproporcionada multa configuran un atropello al derecho humano a la libertad de expresión. Este caso afecta sustancialmente a quienes trabajan en este medio de comunicación, a sus audiencias, a los que participan en sus distintos programas y tiene un impacto en el conjunto de la sociedad al contribuir a la autocensura y silenciamiento de la crítica hacía la gestión gubernamental. Todo ello en un contexto de un próximo evento electoral lo que pretende reducir el vigor del debate público en los medios de comunicación.

Del conjunto de tipos sancionatorios utilizados en este procedimiento sólo son admisibles en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para la aplicación de responsabilidades ulteriores, los relativos a la alteración del orden público entendido como una deliberada actuación que pueda afectar la institucionalidad democrática. En este caso la institucionalidad democrática se afectó por la omisión deliberada de los funcionarios en atender los problemas
penitenciarios y la complicidad de algunos en la corrupción violenta que permitía el tráfico de armas, drogas y el descontrol.

En la providencia administrativa con el que se inicia el procedimiento contra Globovisión los testimonios de los familiares solicitan expresamente la actuación del Estado y expresan demandas legítimas en una sociedad democrática: información acerca de sus familiares, el desplazamiento de la Guardia Nacional y atención a los problemas penitenciarios entre otros. Este tipo de expresiones son absolutamente legítimas y necesaria en una sociedad democrática porque estimulan el debate y escrutinio sobre la actuación de las autoridades.

El papel de los medios de comunicación y los periodistas es proporcionar a la sociedad la información acerca de los hechos y las demandas de quienes puedan sentirse afectados. Las declaraciones sobre la actuación de funcionarios y relativas a posibles violaciones de derechos humanos tienen una mayor protección porque el escrutinio de lo público es uno de los valores democráticos más importantes. Un periodista o medio que transmite declaraciones no debería estar sujeto a sanciones.

La sanción es desproporcionada y no está orientada a la reparación de un presunto daño. Por el contrario su aplicación afecta negativamente la libertad de expresión en el país, al procurar intimidar genéricamente a quienes se expresan en los medios radioeléctricos. No existen evidencias de daño alguno en la cobertura de Globovisión y se ocasiona grave daño a las garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

La Alianza por la Libertad de Expresión:
1.- Rechaza esta medida de carácter arbitrario que procura castigar a los medios críticos y reduce la información a todas las personas.
2.- Exige al Estado venezolano la revocatoria de esa medida por su carácter restrictivo y violatorio de la CRBV y los tratados internacionales de DDHH
3.- Pide a las organizaciones de DDHH y dedicadas a la libertad de expresión que contribuyan a sensibilizar a las sociedades y gobiernos del mundo acerca del carácter de esta medida, sus implicaciones y el debilitamiento de las garantías para el ejercicio de este derecho en Venezuela.
4.- Pide a la sociedad venezolana mantener la defensa de la libertad de expresión y solidarizarse activamente con los medios que la ejercen a pesar de las consecuencias.

En Caracas, 19 de octubre de 2011

Los Miembros de la Alianza:
Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, Expresión
Libre, Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, Instituto Prensa y Sociedad, Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, Programa de Postgrado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, Tiziana Polesel, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, Grupo de Investigación Ser, Comunicación y Asociados.



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