Basta de desmanes de la GNB contra periodistas

Fecha: 17-05-2016 03:13 PM

Goyo gnb

Gregorio Salazar (*)

La deriva antidemocrática del régimen de Maduro está alcanzando ribetes demasiado preocupantes y escandalosos para la comunidad internacional que ve cómo los altas jerarcas del gobierno han abandonado las fórmulas constitucionales para dedicarse no sólo a bloquear el funcionamiento de la Asamblea Nacional, sino desconocer el intento de la sociedad democrática de desalojar del poder, por la vía del referéndum revocatorio previsto en la carta magna, a un régimen que ha llevado a su ciudadanía a niveles paupérrimos y a privaciones impensables en la Venezuela del petróleo, especialmente por la falta de alimentos y medicinas.

Ahora mismo, sin causa justificada, ha aprobado un decreto de Estado de Excepción con la particularidad de anunciarlo 48 horas antes de que la opinión pública pueda conocer su contenido ni las razones que aduce para aplicar una medida que de por sí se aplica para conculcar derechos ciudadanos por altas razones de Estado. Se mantiene a la sociedad en zozobra, alargando irrespetuosamente la incertidumbre en una población ya bastante golpeada moralmente por la degradación de sus condiciones de vida.

El régimen de Maduro, tampoco Chávez, no ha necesitado de un decreto tan inusual para actuar como si un marco de excepción estuviera vigente. La forma brutal como han sido reprimidas las protestas ciudadanas, con un alto número de víctimas fatales, y la persecución de medios y periodistas a lo largo de 17 años, ejerciendo todas las formas posibles de afectar la libertad de expresión y el derecho a la información, entre otras anómalas actuaciones, así lo constatan.

El llamado “socialismo del siglo XXI” o “revolución bolivariana”, empeñado en calcar el modelo cubano de perpetuación en el poder, ha sido persistente en su objetivo de construir una política del miedo, para lo cual se ha valido de todos los medios e instrumentos posibles, manipulando lo legal y ejerciendo impúdicamente lo ilegal. Para ello, discurso y represión han ido a la par, pero ya hay claros indicios de que el régimen terminará inevitablemente refugiado en el empleo de la fuerza, la última carta de un gobierno fracasado y corrupto, que se resiste a aceptar que perdió el favor de las grandes mayorías.

El discurso insultante, descalificador, estigmatizador contra medios y periodistas ha dejado consecuencias verdaderamente nefastas. Su reiteración y exacerbación han marcado una clara impronta de desviación en la mentalidad y procederes de los efectivos de los cuerpos de seguridad, especialmente la Guardia Nacional Bolivariana, cuya conducta agresiva hasta la brutalidad evidencia que conciben a los reporteros como auténticos enemigos, transgresores por definición de la ley, alguien que no tiene derechos y cuya profesión careciera de un rol social merecedor de consideración y respeto.

Por decenas pudieran ejemplificarse los casos en que la GNB ha dirigido sus desmanes contra los periodistas, pero cuando escribimos esto tenemos en mente lo ocurrido a principios de mayo con los periodistas Annilexis Loyo, Ilian Aldana y el reportero gráfico Jonathan Suárez, pertenecientes al diario El Caroreño, quienes fueron objetos de todo tipo de vejámenes, insultos, golpes y decomiso de su material informativo e instrumentos de trabajo por parte de guardias nacionales que no les permitieron recoger el clamor popular de los hambrientos ciudadanos de la ciudad larense de Carora, que llevaban más de 24 horas en una cola frente a un Abasto Bicentenario.

Los voceros del gobierno, en sus abusivas cadenas, tratan a los periodistas como enemigos políticos. Y unas fuerzas policiales fanatizadas, influenciadas por ese inaceptable discurso, actúan como activistas partidarios para reducir a golpes, a patadas, a rolazos si fuera necesario a quienes consideran una amenaza y, además, robar o dañar sus instrumentos de trabajo.

No cabe duda que en la nueva Venezuela, que ya se vislumbra pese a las maniobras enloquecidas de los jerarcas del régimen, será necesario reeducar a los miembros de estos cuerpos de seguridad, darles institucionalidad y profesionalismo, puesto que deben estar para proteger a los ciudadanos y no para convertirse en sus desalmados verdugos.

(*) Miembro de la directiva de Expresión Libre



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