¿Cuál sistema de justicia?

Fecha: 09-11-2006 12:00 AM

Manuel Isidro MolinaComprendo las tribulaciones del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez. Su inconformidad con el “sistema de justicia” venezolano (Art. 253 constitucional) es el mismo sentimiento de duda, desconfianza y hasta temor que perturba a la mayoría de las venezolanas y venezolanos, realmente cercados por una podredumbre ética y moral que se manifiesta en violenta agresión delictiva (asesinatos, secuestros y extorsión, atracos, robos y violencia física entre personas en disputa), corrupción materializada masivamente en el robo de los dineros públicos y abuso de poder bajo un pestilente manto de impunidad.
Sabido es que ese sistema judicial, está integrado por tres de los cinco poderes públicos nacionales: Ciudadano, Ejecutivo y Judicial. Y los nombro en ese orden para resaltar la importancia que en él tienen la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, tan destacada como las competencias del Gobierno en cuanto a política de seguridad y antidelictiva, prevención policial e investigaciones judiciales y, por supuesto, la política carcelaria. Lógico, también está la composición del Poder Judicial, el funcionamiento y la catadura ética de los jueces y funcionarios judiciales.
DESCALABRO SISTÉMICO
Pretender ver aisladamente a esos componentes del sistema de justicia es un error de gran monta, además de resultar en simple estupidez con sumo grado de irresponsabilidad institucional y conceptual, tanto en el conjunto de quienes dirigen los poderes Ejecutivo, Ciudadano y Judicial, como en cada una de esas magistraturas, individualmente.
No escapan a ese marco de responsabilidad institucional, quienes han dirigido e integrado el Poder Legislativo, a partir de 1999: Congreso de la República, Asamblea Nacional Constituyente, “Congresillo”, “Comisión Legislativa” y Asamblea Nacional. Sobran explicaciones en cuanto al sustrato constitucional y legal (a fin de cuentas, ideológico y conceptual) del cual depende el “sistema de justicia”, en Venezuela y en cualquier país del mundo.
Varias veces he escrito que el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías es moralmente indefendible y moralmente insalvable. La falta de responsabilidad dirigente e institucional, la piratería en el desempeño público, el abuso de poder y la corrupción de altos y medios funcionarios y sus compinches en el marco político-partidista y empresarial, descalabraron el compromiso fundamental del Polo Patriótico, en 1998: la refundación de la República sobre bases éticas y morales para poder cumplir los anhelos populares de justicia social, libertad, soberanía, participación democrática y respeto a la legalidad con vocación de solidaridad y paz.
Privó el ánimo de concentración de poder en torno al Presidente de la República. Algunos de los fundadores del Polo Patriótico, sucumbieron ante los devaneos autocráticos de Chávez, le movieron la colita tras posiciones individuales burocráticas, tanto político-administrativas como parlamentarias. Ese fue el comienzo del derrumbe, del descalabro que estamos viviendo, en medio de un mar de petrodólares que ha servido para enmascarar las verdaderas dimensiones de la crisis.
SILENCIO CÓMPLICE
El silencio culpa a las y los “chavistas” encumbrados, todas y todos metidos en sueldos y prebendas sauditas, gozando a sus anchas del neorriquismo robolucionario del siglo XXI petrolero. Entre ellos, destacan los negociantes del poder, los mafiosos (civiles y militares) que se han dedicado a controlar áreas de poder con capacidad de contratación con dineros públicos, a través de una red de testaferros y testaferras, nunca antes vista en Venezuela. El enriquecimiento de funcionarios y la conspiración para la legitimación de capitales provenientes de la corrupción administrativa, se salieron de madre.
Ese derrumbe moral se extiende a otras ramas del Poder Público, como se evidencia en los lamentables sucesos en el Tribunal Supremo de Justicia, en torno al desempeño del magistrado Luis Velásquez Alvaray. Ocurre igual en gobernaciones y alcaldías, en las policías municipales, regionales y nacionales, en altos y medios oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, tantos y tan recurrentes casos de corrupción no pueden ser tenidos como expresiones delictivas individuales sino como síntomas irrefutables de un sistema de poder político e institucional enervado por la corrupción y la falta de valores democráticos contemporáneos, lo que desemboca en la arbitrariedad y el abuso de poder que son causa y consecuencia de la corrupción y la falta de valores democráticos contemporáneos. Un círculo infernal que termina horadando la confianza pública en un régimen que pudo ser ejemplar por virtuoso, justo y eficiente.
IGUAL, EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
Lo mismo enerva al sistema de justicia, lo que se manifiesta en:
• Control político y sectarismo, base del abuso de poder y la escogencia discriminatoria, y en muchos casos irresponsable, de funcionarios;
• Estructuración de mafias judiciales que se extienden hasta abogados corruptos-corruptores, ex policías y ex militares, empresarios-testaferros, etc.);
• Accionar maniqueo de la justicia, de acuerdo a los intereses del poder político concentrado en el Presidente de la República y sus subalternos vocacionales en los Poderes Públicos;
• Y, por supuesto, la falta de probidad y capacidad intelectual y profesional de muchos (no todos) jueces, fiscales, policías y otros funcionarios en los poderes Judicial, Ciudadano y Ejecutivo.
CRISIS PROFUNDA
Lo que preocupa a Isaías Rodríguez, nos preocupa

a todos los venezolanos y venezolanas de buena voluntad, decentes e incorruptibles, que clamamos por la reconstrucción moral de la República, después de estos siete años perdidos. Vivimos una crisis profunda, tan profunda como la que sufríamos en los meses de la segunda elección presidencial de Carlos Andrés Pérez, en 1988, bajo el corrupto y hábil régimen de Jaime Lusinchi, quien tuvo a su favor el control de todos los poderes públicos (lo que muchos quieren olvidar). Lusinchi, con su mundillo pestilente de corrupción, dejó la Presidencia de la República con más del sesenta por ciento de aceptación en la opinión pública, a pesar de lo que simbolizó Blanca Ibáñez y de la adulancia militar de la época. Pero, en febrero de 1989, ocurrieron hecho insólitos: el 2 se juramentaba CAP en el Teatro Teresa Carreño en fastuosa ceremonia, y 25 días después, el “27 de Febrero” le explotó en la cara la rebelión de las masas más insospechada. El genocidio cometido por órdenes gubernamentales (el Presidente y sus ministros) y ejecución de los altos mandos de las Fuerzas Armadas Nacionales, ha quedado impune, pero ya CAP era un muerto político andante. Lo demás es historia conocida.
Sobre los hombros del Fiscal General de la República –y de los funcionarios que él ha ido seleccionando- descansa parte esencial de la reconstrucción del sistema de justicia. Él lo sabe perfectamente, y ese es su tormento. Como está al tanto de que con las manipulaciones (engavetamientos o aceleraciones) fiscales, policiales y judiciales han estado matando la Justicia en Venezuela, y que sus ejecutores son corresponsables, incluido Isaías Rodríguez, quien ha desempeñado cargos estelares como el de Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Vicepresidente Ejecutivo de la República y Fiscal General.
En definitiva, el sistema de justicia en Venezuela ha estado reventando a pedazos, desde que la mafia Miquilena-Carrero logró ponerle la mano a cinco magistraturas en el Tribunal Supremo de Justicia. En el reparto hubo complicidad de la Asamblea Nacional y del presidente Chávez, quien quiere lavarse las manos cínicamente, igual que su vicepresidente ejecutivo José Vicente Rangel, casi un Dios en el tablero de los Poderes Públicos en Venezuela, el verdadero Fouché del régimen, con su muy particular estilo. La “plasta” la han puesto ellos, con su torcida manera de ejercer el poder. Sin escrúpulos ni respeto por sí mismos, incluso callando y arrastrándose, adulando y humillándose para medrar.
UN PROBLEMA DE DIGNIDAD
Si vamos al fondo, la cuestión del sistema de justicia en Venezuela, es más grave: es un problema de dignidad, porque lo primero que fueron exigiendo a los aspirantes fue precisamente el rendimiento de su dignidad; y aceptaron someterse a los dictados de los nacientes grupos de poder y mafias de la corrupción; se entregaron sumisos, dispuestos a servir a las órdenes de individualidades y grupos, faltando a la Constitución y a las leyes.
El chavismo ha construido, en siete años, una sociedad de cómplices monumental, peor que la estructurada durante los cuarenta años del puntofijismo, lo que en nada absuelve a quienes ahora se la pasan lloriqueando por el poder perdido. El régimen robolucionario está herido de muerte: es cuestión de tiempo y de la indispensable dignidad para estructurar una alternativa viable, profundamente decente y solidaria, contemporánea y eficiente, democrática y libertaria, como merecemos los venezolanos y venezolanas del siglo XXI.
EL CONFESIONARIO
• HERNÁN GRÜBER ODREMAN, ex gobernador del Distrito Federal, y sus entonces subalternos Rafael Leonidas Martínez, Edmundo Casanova, José A. Gutiérrez, Luis Rasquides González y Luis Carvajal están siendo investigados por el Ministerio Público en el caso de desvío de unos 21 millardos de bolívares pertenecientes a la alcaldía del Municipio Libertador, correspondiente al Situado Municipal del año 2000. La averiguación penal fue iniciada a petición de la Dirección de Salvaguarda del despacho del Fiscal General de la República.
• RECIBO CON SATISFACCIÓN las expresiones de reconocimiento por parte de oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional, a mi persistente lucha personal, profesional y política en defensa de los intereses nacionales y de nuestra dignidad de pueblo justo y democrático. Precisamente ellos, entienden que cuando denuncio y critico a los militares corrompidos y ladronazos –los de ayer y los de hoy-, así como a los abusadores del poder y violadores de derechos humanos, en ningún caso generalizo en contra de la Fuerza Armada Nacional, pues como en todas las esferas de la vida venezolana, en ella existen reservas morales necesarias para aunar esfuerzos en la lucha por la dignidad nacional, que en este caso comienza por oponer resistencia a las pretensiones de control autocrático del poder ¿Esos oficiales y suboficiales dentro de la FAN, seguirán desmovilizados o maniatados por el temor ante los controles y retaliaciones del poder? Un vigoroso movimiento popular por la dignidad de Venezuela, los incluye. Y no estoy hablando de una “Plaza Altamira” ni de reposiciones macartistas y pro imperialistas; mucho menos, de esas plañideras añoranzas del poder perdido por parte de los actores más destacados del puntofijismo. Tampoco se trata de lanzar loas al militarismo. El país madurará las opciones civilistas en los amplios márgenes del humanismo revolucionario, en el cual la FAN es un importante componente para la defensa nacional, la seguridad interior, el desarrollo nacional y el respeto a la persona humana y al entorno ecológico en el cual nos desenvolvemos.
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