El Derecho a la información es tan esencial como la vida

Fecha: 20-02-2014 11:30 PM

Comunicado del Ininco

 

El Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO) y la Escuela de Comunicación Social, comunidades científico académicas adscritas a la Facultad de Humanidades y Educación, de la Universidad Central de Venezuela, frente al deplorable estado de la comunicación y la información en Venezuela, que se ha hecho más evidente en la reciente coyuntura de las protestas estudiantiles y civiles acontecidas en este mes de Febrero 2014, expresamos a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
 
Considerando que, junto con el derecho a la vida, la comunicación es uno de los derechos humanos esenciales, consagrados desde la misma Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 26 de agosto de 1786) y en la Declaración de los Derechos Humanos (ONU, del 10 de diciembre de 1948).
 
Considerando que la comunicación y la información, libre y plural, es un requisito consustancial con los sistemas democráticos, consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo de 2000) y que ninguna autoridad ni gobierno alguno puede argumentar seguridad de Estado ni de tutela sobre la ciudadanía para restringirla, cercenarla o manipularla.
 
Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 337 que el derecho a la información no puede ser suspendido, bajo ningún concepto, ni siquiera en caso de conmoción social o estado de excepción, declaramos, que:
 
1. En Venezuela, los medios de comunicación públicos bajo la tutela del Estado Venezolano (canales de televisión, circuitos de radiodifusión, prensa de cobertura nacional y regional y propaganda oficial), se encuentran severamente restringidos a la única voz oficial, bajo la doctrina de la hegemonía comunicacional, sin que el resto de los venezolanos, propietarios todos de dichos medios, podamos tener acceso a participar en sus contenidos, especialmente cuando se trata de contenidos de tipo informativo. Esto constituye una grave trasgresión del art. 58 de la Constitución en todos los medios que administra.
 
2. En Venezuela, los organismos públicos y demás poderes violan su obligación constitucional a rendir cuentas o demoran exageradamente su publicación, niegan información a la prensa no-oficial, tratan de manera tendenciosa y parcial las noticias y censuran a sus propios periodistas. Toda forma de expresión que proviene de los medios públicos se ha convertido en una inmensa maquinaria de propaganda, en la que son frecuentes las campañas negativas contra personalidades y organizaciones civiles, se denigra de la honorabilidad, la presunción de inocencia, se incita a la violencia contra las víctimas y donde se niega el derecho constitucional a la réplica. Esto constituye una violación intolerable de los artículos 60 y 61 de la Constitución.
 
3. En Venezuela, los medios de comunicación no-gubernamentales sufren una permanente presión por la aplicación arbitraria y excesiva de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTE), y otras normativas, con multas y procedimientos punitivos, que obliga a la autocensura periodística como modo de sobrevivencia de los dueños de dichos medios. La disminución de programas informativos
y de opinión, en la TV privada, son más que evidentes y la casi extinción de emisoras de radio, donde se escuchen pluralidad de contenidos y especialmente contenidos disidentes de la propaganda gubernamental, es abrumadora. Los medios de comunicación no-gubernamentales que se niegan a someterse a estas exigencias de vocación hegemónica y anti-democrática son, sencillamente, cerrados u obligados a ser vendidos a nuevos propietarios.
 
4. En Venezuela, la prensa (diarios y revistas) es también acosada con multas, con procesos judiciales, con frecuentes y numerosas agresiones a sus periodistas y reporteros gráficos, y ahora con la brutal negación de divisas para la importación de papel que ha obligado al cierre de muchos periódicos regionales y al borde de la quiebra de los medios impresos nacionales así como a las pequeñas y medianas empresas editoriales.
 
5. En Venezuela, las operadoras de TV por suscripción son también presionadas, y sin debido proceso, se les ordena el apagón y posterior bloqueo informativo compulsivo de canales internacionales, como ocurrió recientemente con la señal NTN24 que proviene de Colombia. Esto constituye otro grave incumplimiento del artículo 58 de la Constitución.
 
6. En Venezuela, el gobierno ha implementado una serie de acciones con tendencias al control de la Internet y Redes Sociales (bloqueo de contenido político relevante, ciberataques contra sitios críticos opositores, control de la infraestructura de telecomunicaciones y manipulación de la información disponible en línea), con características ideológicas y políticas, sin que argumente legalmente las razones de tales abusos y violación de los derechos de los usuarios, instituyendo un peligroso delito de los artículos 57 y 58 de la Constitución. El sistema político actual, en lugar de desarrollar jurídicamente el Habeas Data, incluido en el artículo 28 de la carta magna, ligado al desarrollo de las libertades informáticas, emplea progresivamente estas herramientas tecnológicas para la vigilancia totalitaria y el control social.
 
Por todas estas razones, denunciamos que los ciudadanos venezolanos nos encontramos en estado de defección y desinformación. Carecemos, actualmente, de fuentes confiables y prestigiosas que ofrezcan credibilidad a la información, y dependemos, cada vez más de las redes sociales, lo cual implica riesgos, dado la naturaleza frágil de dichos medios, y particularmente, porque el gobierno tiene el poder de suspender Internet, en su condición de prestador en más del 80% del servicio, en manos de la empresa estatal CANTV. En suma, declaramos que la calidad de la comunicación e información libre y democrática en Venezuela se encuentra severamente afectada y en crisis.
 
En consecuencia, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO), pionero de los estudios comunicacionales en Venezuela desde hace cuarenta años, y la Escuela de Comunicación Social (fundada el 24 de octubre de 1946, la más antigua institución) formadora de los periodistas venezolanos, referentes académicos de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra, emplazamos al Gobierno Nacional a imponer el pluralismo del derecho a la información y la libertad comunicacional, consagrados en los artículos 57 y 58 de la
 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y exigimos que el sistema de medios públicos atienda a las funciones de pluralidad que les corresponde por su condición de medios del Estado, es decir de todos los venezolanos y no de alguna parcialidad política en funciones de gobierno.
 
Por el Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO-UCV)
Prof. Carlos Enrique Guzmán Cárdenas - Director
Prof (a) Morella Alvarado Miquilena - Coordinadora de Especialización en Educación para el uso Creativo de la Televisión
Prof(a) Luisa Torrealba Mesa - Coordinadora de la Maestría en Comunicación Social
Prof. Carlos Eduardo Colina Salazar - Coordinador Departamento de Investigación e Innovación
Prof. Gustavo Hernández Díaz - Miembro del Consejo Técnico y Ex Director
Prof. Bernardino Herrera León - Investigador y Ex Director
Prof. (a) Alexandra Ranzolin de Marius - Investigadora
Prof. (a) Johanna Pérez Daza - Investigadora
Prof. Antonio Pasquali - Ex Director
Prof. (a) Elizabeth Safar Ganahl - Ex Directora
Prof. Oscar Lucien Reyes - Ex Director
Por la Escuela de Comunicación Social de la UCV
Prof. Miguel Ángel Latouche - Director
Prof. (a) Mariela Torrealba - Representante del Área de Comunicación Social ante el CEP-FHE
Prof. (a) Moraima Beatriz Guanipa Urdaneta - Jefa del Departamento de Periodismo
Venezuela, Caracas, 18 de Febrero de 2014.

 



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