EL: ​Informe Marzo 2015: No mejora nada el enfermo

Fecha: 12-04-2015 04:58 PM

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El primer trimestre del año 2015 concluyó sin que se mostraran variaciones en la política estatal de agresiones a medios y periodistas y el creciente cerco al derecho a la información en Venezuela. Tanto peor cuando en las instancias de gobiernos regionales se calca o se imita el ejemplo dado desde las más altas posiciones del Ejecutivo Nacional y la presidencia de la Asamblea Nacional.

Cuando son los propios representantes del Estado quienes en vez de respetar y respaldar el trabajo de periodistas y medios de comunicación, con apego al texto de la Constitución Nacional, se dedican a infamarlos, a señalar cualquier atisbo de periodismo crítico como una campaña política contraria al gobierno y a los intereses del país, el resultado no puede ser otro que la degradación de las garantías para el ejercicio de una profesión tan consustancial con la vida en democracia. Esto último ha ocurrido en Venezuela a extremos que en décadas recientes eran inimaginables.  

Se ha criminalizado tanto la labor de los reporteros que cualquier escolta, vigilante, funcionario de seguridad o miembro de cualquiera de los cuerpos policiales o militares que operan en el país se siente con el derecho a someter por la fuerza a los reporteros y a despojarlos de su material informativo.  En Venezuela se ha ido perdiendo los referentes que puedan poner de relieve la gravedad de conductas como esa.

Estas situaciones de represión a la labor informativa se dan con frecuencia en la cobertura de los incidentes en las larguísimas colas en la que los ciudadanos se ven obligados a permanecer durante varias horas para conseguir los artículos de primera necesidad, como alimentos, pañales, productos para la higiene personal y la de las viviendas.

Con la persecución a los periodistas y ciudadanos que osan tomar fotografías de esas largas colas, el gobierno pretende ocultar una de las más dramáticas realidades por las que atraviesa el pueblo venezolano y es un deber insoslayable de medios y periodistas venezolanos informar sobre ello al resto de sus conciudadanos y a la comunidad internacional.

En Venezuela, donde las denuncias de corrupción aparecen de manera incesante desde dentro y fuera del país, la reacción del Ejecutivo, lejos de propiciar las investigaciones y el castigo a los encumbrados culpables, es la de acusar a los medios, tratar de intimidarlos con amenazas e insultos.

Expresión Libre se solidariza con los colegas que han sido víctimas de ataques físicos y /o verbales y con el personal de aquellos medios de comunicación que dada la escasez y el encarecimiento de los insumos se ven ante el riesgo de su desaparición.

A continuación un registro cronológico de las agresiones ocurridas durante el mes de marzo en Venezuela:

-El presidente Nicolás Maduró señaló en su programa “En Contacto con Maduro”, del 4 de marzo, que un grupo de militares de la Fuerza Aérea leerían una proclama golpista a través del canal Televén y el canal internacional CNN.  Mostró en un video a uno de los presuntos implicados, identificado como Carlos Manuel Osuna Saraco, dictando el documento que leerían, pero no la parte del audio donde supuestamente hacía la revelación. 

-En suceso ocurrido el pasado viernes 13 de marzo, el periodista Carlos Sulbarán y su familia vivieron momentos de terror cuando su vivienda en el sector El Milagro de Maracaibo, Estado Zulia, fue allanada por efectivos del Comando Regional 3 de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado Zulia, que causó destrozos y mató las dos mascotas de la familia.  La denuncia fue hecha ante el Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo y se elevó la queja ante el general Manuel Graterol, jefe del citado comando militar. Se desconocen las causas del allanamiento. Sulbarán trabajó en el pasado la fuente de sucesos, pero no se sabe de algún trabajo reciente que pudiera motivar una retaliación así. La seccional del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia, al solidarizarse con Sulbarán, denunció que en lo va de año han ocurrido por lo menos seis situaciones irregulares que involucran la seguridad de los periodistas o sus garantías para el desempeño profesional. Sulbarán cree que todo puede deberse a una denuncia vecinal hecha por él recientemente.

-El fotógrafo del Diario Metropolitano de Barcelona, José “Chicho” Bello fue golpeado en el rostro y otras partes del cuerpo cuando representantes de varios medios de comunicación del Estado Anzoátegui se encontraban reunidos en el mercado de Barcelona para dar cobertura a una rueda de prensa de un dirigente de oposición cuando personas que llegaron al lugar y se identificaron como  adeptas al oficialismo comenzaron a agredirlos tanto verbal como físicamente. Los hechos ocurrieron el  domingo 15 de marzo.

-El 15 de marzo el diario El Carabobeño informó que tenía fuertes limitaciones de papel y que su provisión de ese importante insumo alcanzaría para poco más de una semana. Sin embargo, pocos días después el diputado del PSUV, Julio Chávez,  declararía que  la falta de papel denunciada por algunos periódicos se debió a la mala administración de divisas por parte de esas empresas de comunicación. Sostuvo que  algunos medios “pedían las divisas para el papel, pero también para distorsionar el mercado interno y revender en el mercado negro”. Aseguró que en muchos casos “no habían problemas de escasez, sino problemas internos con los empleados de esos medios”.

-El lunes 16 de marzo los periodistas Miguel Cardoza, María Eugenia Díaz y Stefany Montoya del Diario Visión Apureña de San Fernando, estado Apure, fueron agredidos y obligados a retirarse de la cobertura sobre las quejas de los ciudadanos que hacían  cola frente a un establecimiento en el que se expenden productos de limpieza y aseo personal. La orden del retiro del equipo periodístico fue dada por el Sargento Mayor (S/M) García, quien también incitó a algunas personas en contra de los comunicadores. "Lo que buscan es que el pueblo los queme" y "quítenle la cámara", fueron algunas de las expresiones que se oyeron en el lugar.

-El 16 de marzo la periodista de sucesos, Jenny Oropeza denunció a través de su cuenta en Twitter @jennyoro1, ante la Fiscalía General de la República y el CICPC que ha recibido mensajes amenazantes por parte del asesino de la trabajadora de Venevisión, Adriana Urquiola,  el expolicía Yhonny Bolívar. Los primeros mensajes se recibieron desde el año pasado. Oropeza refirió que ha recibido varios mensajes a través de segundas personas para que deje de informar en contra del indiciado y responsabilizó a Bolívar por si algo llega a ocurrirle.

-Uno de los casos más graves fue el suscitado el día viernes 20 de marzo de 2015 cuando el camarógrafo del canal Antorcha TV, Luis Galindo, por instrucciones del Alcalde de San José de Guanipa, Pedro Martínez, fue sometido por la fuerza para ser despojado de su cámara de video y borrado el material informativo que había recogido.

Galindo acompañaba a la periodista Leda Susana Quijada cuando cumplían una pauta informativa en la referida población del oriente de Venezuela con motivo de las ferias en honor a San José. La información suministrada por el propio medio señala: “El evento musical se desarrollaba con normalidad en el Parque Ferial de esa localidad, en horas nocturnas, pero una riña dentro del público terminó con un herido a puñaladas. La periodista y el camarógrafo, ejerciendo sus labores, tomaron imágenes del hecho que ocurría; este acto molestó al alcalde Pedro Martínez, quien ordenó al escolta Jesús Aragort que le quitara su equipo de trabajo al camarógrafo para borrar lo filmado.

El trabajador de Antorcha Tv fue abordado por un funcionario del Centro de Coordinación Policial de Guanipa, quien le exigió que no grabara.  Inmediatamente hizo acto de presencia el funcionario Jesús Aragort para exigirle que le entregara la memoria extraíble de la cámara. Galindo les explicó que el equipo utiliza disco duro, lo que provoca que el uniformado lo agarrara por el brazo izquierdo y Aragort lo empujara por el hombro, hasta que finalmente con la ayuda de otra persona y tras un duro forcejeo le quitaron la cámara y lo obligaron a borrar lo grabado.

La actitud de estos funcionarios provocó que la periodista interviniera en defensa de su compañero de labores, siendo a su vez empujada y agredida verbalmente. Luego de un cruce de palabras la periodista exigió el alcalde Pedro Martínez que ordenara a los policías exigir disculpas, lo cual hicieron en tono de burla y con risas.

En el ínterin, Pedro Martínez manifestó que eso no saldría en Antorcha TV porque él pagaba ese medio, ella le contesta que no trabaja exclusivamente para el canal sino para otros medios de comunicación, a lo que le funcionario respondió "que él hablaba con todos".

-El 25 de marzo líderes comunales de Anaco, estado Anzoátegui, exigieron que vuelva al aire el programa de opinión “Al Rojo Vivo” que se transmitía por Radio Anaco y 104.3 FM, el cual fue cerrado hace unas semanas, luego de tener 18 años al aire.

Los indicaron que aún no se ha explicado a las comunidades las razones de la salida del programa. Dijeron que esa era una de las pocas ventanas que tiene la comunidad en esta ciudad para expresar sus quejas por los malos servicios y también para dar las gracias a las autoridades por la solución de los problemas. Dijeron estar preocupados por el amedrentamiento contra los periodistas y medios en Anaco.

-Durante el mes de marzo se conoció el informe del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), según el cual “las protestas de calle se convirtieron en caldo de cultivo para ataques y agresiones de grupos paramilitares contra periodistas y medios de comunicación durante el aó 2014. El saldo fue de 44 periodistas agredidos y 7 sedes de medios afectadas en 11 estados del país”. 

-Luego de  rumores sobre el secuestro de niños que después fueron desmentidos por el Ministerio Publico, la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, consideró que "a las redes sociales hay que regularlas" ya que por este medio se dio a conocer la información. Manifestó que el comportamiento del hombre en la sociedad debe ser regulado, pero destacó que esta iniciativa "no busca coartar la libertad de expresión". Llama la atención este hecho, pues parece seguir la dinámica de la cual en otros momentos se ha servido el gobierno para imponer restricciones. Comienza por asomarlas levemente y después recoge lo dicho, pero deja sembrada la idea en la opinión pública de que tal medida será posible en cualquier momento. Las declaraciones de la Fiscal, a menudo criticada por su rol siempre plegado a los intereses gubernamentales, se produjeron el 26 de marzo.



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