El periodismo, su profesionalización y colegiación (Una visión argumental contra el Proyecto de Ley de Comunicación Social)

Fecha: 12-09-2014 11:30 PM

Jesús Castillo nos escribe

Guisandes incurre en una gran contradicción al intentar imponer una Ley que regule la comunicación social, cuyo ejercicio, según él, debe ser pleno para todos los seres humanos y no para los “comunicadores sociales”, término que utiliza sofísticamente para desprofesionalizar el ejercicio periodístico.

Jesús Alberto Castillo (*)

Gran preocupación hay en la sociedad venezolana y, especialmente, en el gremio periodístico, por el Proyecto de Ley de Comunicación Social presentado por Gastón Guisandes ante la Comisión Permanente del Poder Popular y Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, el pasado 13 de agosto del 2013. No es para menos porque el referido proyecto, aún no discutido, representa una claro peligro al ejercicio profesional de los periodistas y su colegiación obligatoria.

 

La iniciativa no puede ser vista como un simple capricho, sino como un progresivo cerco a la laboriosa actividad que desempeñamos los profesionales orientados a llevar la verdad al pueblo. Por supuesto, para evitar que ese proyecto se materialice, es importante que conozcamos sus alcances y argumentar con propiedad sus contradicciones que forman parte de una tendencia totalitaria que invade con fuerza todos los cimientos de la sociedad venezolana. Este es el reto del Colegio Nacional de Periodista para afrontar con éxito una nueva amenaza a su existencia.

 

¿Quién es Gastón Guisandes?
El proponente del proyecto es Gastón Guisandes, un exdiputado nacional por el partido OPINA en la denominada Cuarta República, hoy es un dueño de medio afecto al oficialismo y ocupa, nada más y nada menos, que la Presidencia de la Cámara que agrupa a una parte de los periódicos de provincia. De manera que por sus manos debe pasar la autorización para la entrega de papel periódico a dichos medios.

 

Para ser más exacto, Guisandes es Jefe Editor del periódico Qué Pasa, de Maracaibo, y colaborador permanente del semanario 6to Poder. El mismo se autodenomina Comunicador Social, no Periodista, aunque dice no estar en contra de estos últimos, rechaza la existencia de un Código de Ética para el gremio, porque la ética y la moral nacen del ser. Luego, aclararemos ambos conceptos para que el lector descubra las propias contradicciones del editor.

 

El sustento filosófico del Proyecto Guisandes
La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Comunicación Social se inicia con una serie de considerandos sobre la naturaleza humana y el proceso comunicacional. Entre los más destacados podemos señalar los siguientes. El primero de ellos señala que “los seres humanos, al momento de nacer, se incorporan a la vida con una propiedad que es, intrínsecamente, la Inteligencia”. El segundo resalta que “por ser inteligentes, los seres humanos se asumen libres por imperio de lo natural”.

 

El tercero reza que “de la inteligencia y de la libertad, los seres humanos derivan la necesidad de comunicar cuanto piensan y sienten, a la vez que reclaman conocer cuánto piensan y sienten los demás seres humanos, así como buscan incesantemente el aproximarse e involucrarse en el saber y en el conocer todo cuanto le es propio del universo”. El cuarto concibe “que la comunicación social constituye un elemento sustantivo e irrenunciable en la convivencia de los seres humanos y que la trasmisión del conocimiento, devenido de su yo y de cuanto llega a saber por medio del aprendizaje”.

 

Otro considerando es “que la comunicación social, obedeciendo a disciplinas académicas o a la autodisciplina, basada en el estudio, la experiencia y la experticia, configura la expresión máxima de la transmisión de informaciones, noticias, análisis de hechos, personajes y situaciones que van formando las matrices de pensar y/o de opinar”. Por último, considera “que la comunicación social tiene su inspiración en el Derecho Humano, consagrado en la legislación internacional y en la mayoría de las naciones, entre las cuales se cuenta la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), a la libre expresión del pensamiento y del conocimiento, cuyo ejercicio pleno no puede ser restringido –y menos por una ley– a un limitado número de personas”.

 

Desmontando el artilugio del proponente
El andamiaje filosófico expuesto por Guisandes para motivar el bendito proyecto se asemeja a un gigante con pies de barros. Compartimos que la inteligencia y la libertad son inherentes a la condición humana, pero es innegable que, en el primer término, hay seres humanos con mayor coeficiente de inteligencia que otros, lo cual no imposibilita que sean iguales ante la ley. En segundo orden, la libertad es un valor fundamental que nace con el hombre y que debe servir como desiderata de la humanidad entera, pero esa libertad individual no es plena cuando traspasa a la esfera pública, es decir, la política, porque conduce a la anarquía y barbarie, propias del estado natural. Esa libertad pública debe regularse mediante el imperio de la ley, no del poder, para garantizar la convivencia humana.



Tanto la inteligencia como libertad le permiten al ser humano comunicarse con los demás. Ese proceso comunicacional se hace mayor con la complejidad y devenir de la sociedad, lo que nos permite introducirnos en el campo de la Comunicación Social, clave para la convivencia humana y la generación de conocimientos. En eso Guisandes tiene razón, pero intenta pasar por alto la distinción entre comunicación e información. La primera se produce por diversas vías, tanto formal como informal, y se sintetiza en una relación de reciprocidad informativa entre él y otra persona, incluyendo más congéneres. Mientras que la información es un acto aislado, individual, unilateral y lineal del ser humano.

 

La información va intrínseca en el proceso comunicacional. En la medida que el acto informativo es rebotado de un emisor a otro, a través de un determinado canal, se convierte en comunicación. De allí que, parafraseando a Marcelino Bisbal, acucioso comunicólogo venezolano, la información requiere de un conjunto de reglas de presentación, de codificación, de mediación, de producción social para generar un proceso de comunicación pública de calidad. Ese uso de reglas es, precisamente, el periodismo. Es la conjunción de técnicas, herramientas y conocimientos teóricos que se aprenden mediante el estudio para obtener un producto comunicativo en la sociedad. En síntesis, el periodismo es vocación, práctica social y, fundamentalmente, una vasta formación académica que se recibe en las distintas universidades, la cual intenta desechar Guisandes con su proyecto.

 

De allí que se contradiga, más adelante, cuando reconoce en su Exposición de Motivos que la comunicación social debe obedecer a disciplinas académicas, más allá de que refuerce la experiencia y autodisciplina. Intenta, de manera sagaz, pasar por alto que el derecho que tienen los ciudadanos a recibir una información veraz, oportuna e imparcial, tal como lo consagra el artículo 58 de la CRBV, obliga a contar con profesionales capaces de garantizar ese derecho informativo. Eso se logra con ética y formación sistemática en las universidades, es decir, con ejercicio profesional del periodismo.

 

Otra observación en la Exposición de Motivos, y quizás la más evidente, es reconocer que la comunicación es inherente al individuo, porque nace con ella y no debe ser restringida legalmente a un determinado sector, representado por los periodistas. Por tanto, Guisandes incurre en una gran contradicción al intentar imponer una Ley que regule la comunicación social, cuyo ejercicio, según él, debe ser pleno para todos los seres humanos y no para los “comunicadores sociales”, término que utiliza sofísticamente para desprofesionalizar el ejercicio periodístico.


Los artículos controversiales del proyecto
El proyecto Guisandes contiene 18 artículos, de los cuales nos limitaremos a señalar los más polémicos que atentan contra el ejercicio profesional del periodismo y su colegiación. El artículo 2 destaca que “el ejercicio de la Comunicación Social corresponde: A todos aquellos que ejerzan tal actividad de manera consuetudinaria, continuada en el tiempo y en forma organizada, previa la debida acreditación de la condición de tal para su inscripción en el Capítulo Estadal y que se establecerán en el Reglamento de esta Ley”.

 

El artículo 4 señala que “el Colegio Nacional del Comunicador Social, se crea para proteger al pueblo en el ejercicio de su derecho a informar y ser informado de todo cuanto sea materia de su interés y del interés general de la sociedad y, a su vez, para garantizar y proteger la misión de los comunicadores sociales de llevar a conocimiento del público, donde quiera éste se encuentre, toda información, noticia o materia objeto de difusión, así como para amparar a los ciudadanos en el ejercicio del derecho a informar y/o divulgar”.

 

El artículo 5 del referido proyecto justifica la organización del Colegio Nacional de Comunicación Social por capítulos regionales, correspondiente a cada estado del país. Mientras que el artículo 10 concede el Secreto Profesional a todas las personas que ejercen la comunicación social, consagrado en el artículo 28 de la CRBV, que ampara el derecho al Comunicador Social de no identificar la fuente informativa de toda intromisión y vulneración de los actores judiciales, policiales o administrativos, como de particulares.

 

El artículo 17 del proyecto considera “como faltas inexcusables, publicar o difundir informaciones o noticias que expongan, causen la muerte o provoquen daño grave o irreparable a personas que desconozcan cuanto vaya a publicar o difundir el comunicador social”. Por último, el artículo 18, considera “inexcusable publicar o difundir hechos que exponen al desprecio público o pueden producir males irreparables o muy conflictivos, a personas sobre las cuales se informa de estados, condiciones o situaciones irrelevantes, que nada tienen que ver o en nada influyen en los hechos que originan la noticia.

 

Desmitificando este adefesio jurídico
Como puede observarse, el referido proyecto es una clara amenaza al periodismo venezolano en dos aspectos claves: la profesionalización y la colegiación. Al asumir que toda persona dedicada a informar consuetudinariamente (por costumbre) debe ser amparada por la Ley de Comunicación Social, se busca desprofesionalizar el ejercicio periodístico, lo cual se traduce en la eliminación de las carreras de Periodismo y Comunicación Social en todo el país, una vieja amenaza de los dueños de medios como lo es Gastón Guisandes.

 

Esto es inconcebible porque, como se ha dicho con anterioridad, el periodismo es, más que una actividad, una profesión que lleva consigo el uso de técnicas y teorías para el abordaje del hecho informativo, lo cual requiere conocimientos académicos para ejercerlo cabalmente. Esto no desmerita de los ciudadanos que sienten vocación y, desde diferentes tribunas, llevan a cabo actividades propias de esta loable profesión. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), más que condenarlos, siempre le ha brindado su mano amiga para que ingresen en las diferentes carreras de Comunicación Social y puedan legalmente ejercer el periodismo, como debe ser en un Estado Social de Derecho y de Justicia.

 

¿Por qué la profesionalización del periodismo?
Es importante recordar que el artículo 3 de la vigente Ley de Ejercicio del Periodismo, sancionada el 24 de diciembre de 1994, establece que las funciones propias del periodista en el ejercicio de su profesión se resumen en la búsqueda, la preparación y redacción de noticias, la edición gráfica, la ilustración fotográfica, la realización de entrevistas periodísticas, reportajes y demás trabajos periodísticos, así como la coordinación de estas actividades en los diversos medios de comunicación social y organismos de información y prensa, de naturaleza privada o pública. Este amplio campo de acción se justifica debido a la alta responsabilidad que encierra el periodismo en una sociedad tan compleja y dinamizada por el auge de las tecnologías de información y comunicación.

 

Por ende, las carreras universitarias de periodismo ofrecen conocimientos en áreas muy diversas, tales como Historia de la Comunicación, Periodismo Informativo e Interpretativo, Géneros Periodísticos, Estadísticas, Relaciones Interinstitucionales, Publicidad y Propaganda, Periodismo Económico, Ética y Legislación, Periodismo Municipal, Opinática, Semiótica. Sociología de la Comunicación, Diseño Audiovisual, Tecnología de la Información y Redes Sociales, Locución y Oratoria, Redacción de Noticias, Radio, Fotografía, Estadísticas, Planificación y Desarrollo Local, Metodología de la Investigación, Periodismo Político, entre otras. Esta multiplicidad cognitiva, necesariamente debe ser asumida por los centros universitarios para mejorar el proceso comunicacional de nuestra sociedad. Un proyecto como el de Guisandes, por el contrario, lo que busca es desestimular el estudio, la intelectualidad y el esfuerzo científico en los jóvenes y adultos que aspiran ejercer con decoro el periodismo en pro de la verdad, la democracia y los vastos sectores de la sociedad.

 

Sin colegiación no hay lucha que valga
El proyecto Guisandes contempla la creación del Colegio Nacional del Comunicador Social, con sus respectivos capítulos en cada región, lo cual es un órgano paralelo al CNP y sus seccionales. Es el desconocimiento y posterior liquidación del gremio periodístico, el cual cuenta con una dilatada lucha en la historia contemporánea de Venezuela. Además, el CNP es una de las tribunas con mayor prestigio y apoyo social del país. Un proyecto como el presentado por Guisandes es una seria amenaza para la existencia misma del gremio periodístico, tal como ocurre en los regímenes totalitarios.

 

A pesar que dicho proyecto establece la creación del Colegio Nacional del Comunicador Social, el texto refleja que la potestad de agremiarse es voluntaria, es decir, no obligatoria, lo que se traduce en otra contradicción del referido proyecto. Pero en la práctica, es desestimular la colegiación y con ello eliminarla progresivamente. En consecuencia, puede observarse que esta propuesta legal lesiona directamente el artículo 105 de la CRBV, el cual establece que la Ley determinará las profesiones que requieren títulos, las condiciones que requieren para ejercerlas, incluyendo la colegiación.

 

El secreto profesional, consagrado en el artículo 28 de la CRBV, se resguardaría para los que ejerzan la comunicación social, sin título universitario, es decir, los que no son periodistas. Esto implicaría una violación flagrante a dicho artículo, porque allí se deja claro que en el campo de la comunicación social las fuentes que se protegen son las de información periodística, es decir, las que tienen acceso los profesionales del periodismo, así como las fuentes de otras profesiones que estén determinadas por la ley. Es comprensible este mandato constitucional, porque se supone que el periodista, como un profesional formado y responsable por lo que se divulgue en los medios de comunicación, debe proteger su fuente frente al abuso del poder político y económico.

 

El periodista establece los criterios del hecho noticioso
Por ser un profesional con vasta formación académica, el periodista está capacitado para abordar y jerarquizar los aspectos básicos que determinan el hecho informativo. Es él quien redacta, analiza y procura divulgar la información con sentido veraz, oportuno e imparcial. No debe dejar que sean otros los que le dicten cuales con los criterios de los diversos géneros periodísticos, tales como la noticia, el reportaje, la reseña, la entrevista, el artículo de opinión, etc.

 

Desafortunadamente, los artículos 17 y 18 implicarían que el periodista perdería la competencia para establecer los criterios noticiosos y se limitaría a llamar a la persona objeto de análisis para consultarle sobre el manejo y oportunidad de su noticia. Esto no tiene otro nombre que autocensura. La sociedad estaría en presencia de un periodista acrítico, alienado y, particularmente, controlado por factores exógenos que son determinantes en el acontecer periodístico de una nación.

 

Estas aberraciones del proyecto Guisandes las hemos desnudado para que la colectividad se percate del constante cerco al ejercicio periodístico en Venezuela. Hoy más que nunca el periodismo vive momentos muy difíciles que requieren del concurso de todo sus agremiados, de los estudiantes de Periodismo y Comunicación Social y del pueblo en general para fortalecer la libertad de prensa, de expresión y el derecho a informar profesionalmente. A esto se suma la gran asfixia a los periódicos de provincia con las escasas divisas para la adquisición de papel, situación que debería abocarse con apremio el flamante Gastón Guisandes, por el cargo que hoy desempeña, y olvidarse de acabar con los periodistas.

 

La ética regula la moral
Llama la atención que el referido editor no es partidario de un Código de Ética para el periodismo, puesto que para él la ética y la moral nacen con el hombre y no deben ser reguladas. El gran problema es que Guisandes confunde ambos términos como si fueran sinónimos. La moral, del latín mores (morada), está referida al comportamiento individual, a la conciencia que tiene el individuo de lo que es bueno o malo. La moral, es la libertad del ser humano para determinar la actuación de sus actos. En cambio, la ética, de griego ethos (costumbre), está referida a la existencia de pautas que regulan los actos morales del ser humano.

 

Mientras la primera nace con el propio individuo, la segunda es impuesta en una sociedad, en un grupo religioso, en un colegio profesional o determinada organización para normar el comportamiento de sus miembros. Por eso es considerada la ética como la ciencia normativa de la moral. Eso justifica que el periodismo, como el resto de las profesiones reguladas por la ley y cuyos miembros se agrupan en su respectivo colegio, requieran de un Código de Ética, fundamental para vigilar la conducta de sus agremiados. No sabemos qué intereses se esconden en el planteamiento de Guisandes al desechar dicho código en el abordaje y divulgación del hecho informativo. Eso sería peligroso para una sociedad que tiene el derecho de recibir una información veraz, oportuna e imparcial.

 

(*) Miembro del Tribunal de Ética y Disciplina del CNP-Sucre



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