Estado venezolano raspado en el EPU 2016

Fecha: 10-11-2016 10:20 PM

Silvia

Por Silvia alegrett

La Organización de Naciones Unidas (ONU) cuenta con 193 países miembros, de los cuales 103 se sintieron motivados para ser parte del segundo Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió Venezuela, siendo los temas más reiterados los de la libertad de expresión, independencia de poderes, presos políticos, seguridad alimentaria y de salud, y la posibilidad de permitir que relatores de los DDHH visiten nuestro país.

En lo relativo a libertad de expresión, de los 103 Estados que participaron, 24 países hicieron recomendaciones sobre este tema: Finlandia, Japón, Lituania, Holanda, Alemania, Portugal, España, Suecia, Suiza, Uruguay, Austria, Brasil, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Irlanda, Francia, México, Kenya, Lichtenstein, Canadá, Estonia, Guatemala y Georgia.

Entre los comentarios y recomendaciones realizadas por esos Estados a Venezuela, tenemos: el respeto al derecho a la libertad de expresión y la toma de medidas para lograrlo. Preocupación por las violaciones a la libertad de expresión y por los ataques a los periodistas. Se hicieron críticas porque los “Estados de Excepción” decretados por el Poder Ejecutivo, dificulten la protección del derecho a la libertad de expresión. Se solicitaron garantías para el trabajo de los periodistas, recomendándose  la toma de medidas para asegurar que los periodistas no sean perseguidos por realizar su trabajo en el país. La garantía al acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Que se investiguen y sancionen los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. Se recomendó que toda legislación de comunicaciones en el país se armonizara con los estándares internacionales de libertad de expresión. También se tocó el tema de la privacidad de las comunicaciones y se recomendó el respeto a la misma. Igualmente, se expuso que el Estado venezolano no sólo debe proteger la libertad de expresión sino que también la debe promover.

Es de destacar que, tanto en lo relativo a la libertad de expresión como cuando se trataron otros temas de derechos humanos, fue reiterada la recomendación de permitir la entrada al país de los relatores de distintas instancias de derechos humanos. Según fuentes de la ONU, la última vez que expertos visitaron Venezuela fue en junio de 1996, cuando viajó al país el entonces relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Nigel Rodley.

Que 103 países de los 193 que integran la ONU, hallan querido participar en el examen a Venezuela, dice mucho de la preocupación que existe a nivel internacional por las reiteradas violaciones a los derechos humanos en el país.

Es por lo que debemos rechazar, por falsa, la declaración de quien presidió la comisión de 40 funcionarios del Estado venezolano que asistió al EPU en Ginebra, la canciller Delcy Rodríguez, quien en rueda de prensa del pasado sábado 5 de noviembre, aseguró que "La mayoría de los países respaldan el modelo de DDHH en Venezuela". Y esto lo dice cuando la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos informó que la Defensoría del Pueblo de Venezuela fue degradada de estatus “A” a estatus “B”, por ignorar casos de violación de DDHH, por su inclinación hacia el gobierno, por no opinar  sobre cuestiones críticas de derechos humanos en el país, en definitiva por no cumplir con Los Principios de Paris, que  fueron elaborados para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta degradación significa que la institución no guarda plena conformidad con todos los Principios de París por lo que pasa a ser miembro sin derecho a voto.

Miente Delcy Rodríguez cuando asegura que hubo un respaldo al modelo de DDHH instaurado en Venezuela, cuando William Castillo, exdirector de CONATEL se encargó de decir que en Venezuela no existían mecanismos que estuvieran en contra de la libertad de expresión y al mismo tiempo informó que habían periodistas y dueños de medios de comunicación social presos o prófugos de la justicia por delitos de difamación e injuria, cuando el delito de difamación es contrario a estándares internacionales de libertad de expresión.

Se olvida la canciller que muchos de los países que participaron en el EPU de Venezuela tiene representación diplomática en el país y que informan a sus gobiernos sobre las constantes agresiones a los periodistas y la impunidad en todos los casos que han sido denunciados (sólo entre enero y septiembre de 2016 se han dado 240 casos de violación a la libertad de expresión), sobre  la censura y auto censura que se vive en los medios de comunicación debido a la presión gubernamental y el control en la venta de los insumos para los periódicos para mantenerlos sometidos.

Miente con descaro la canciller Rodríguez, porque la terrible verdad es que Venezuela salió raspada en su examen de DDHH.

 

Silvia Alegrett es Coordinadora de Expresión Libre



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