Espacio Público: No acatan medidas de protección a periodistas

Fecha: 07-06-2017 04:56 PM

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Del dicho al hecho

Durante mayo dos instituciones del Estado dictaron medidas favorables a los periodistas: el Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana ordenó a las policías estadales garantizar la protección “del ejercicio de la función periodística e información oportuna” y el Tribunal 11º de Control de Caracas acordó “precautelativas innominadas” para la protección de los profesionales de la comunicación.

Estas acciones de orden legal no se reflejan en la actuación de las fuerzas de seguridad, pues durante este mismo mes, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hirieron físicamente (con bombas lacrimógenas, perdigones, morteros y metras), robaron pertenencias privadas, equipos de trabajo e insumos de protección personal como los chalecos antibalas, detuvieron y hasta retuvieron en tanquetas a periodistas mientras cubrían las protestas en contra del presidente Nicolás Maduro.

El derecho a la libre expresión de los ciudadanos, además de ser limitado en la pluralidad de fuentes informativas a las que puede acceder, es limitado en la manifestación del pensamiento: el 24 de mayo, Elías Jaua aperturó procedimientos disciplinarios, civiles y penales contra quince planteles educativos que permitieron protestas en sus inmediaciones y el TSJ admitió ocho demandas sobre intereses colectivos que criminalizan ejercicio de la protesta pacífica.

Hay mucho trecho

El 27 mayo se cumplieron 10 años sin RCTV, hito de censura en el país y parte de la historia de tensión entre el gobierno nacional y los canales de difusión de señal abierta, que se extiende a nuestros días y a medios alternativos: el 31 de mayo La Patilla fue sancionada al pago de mil millones de bolívares por una demanda de daño moral interpuesta en 2015 por el diputado oficialista Diosdado Cabello y el 16 de mayo el decreto de Estado de Excepción  N° 2949 anunció una regulación de “mayor eficacia” en redes y medios electrónicos.

El Estado sigue castigando a quienes, de forma o de fondo, no se pliegan a la narrativa gubernamental. El 24 de mayo Braulio Jatar recibió una medida de casa por cárcel; el 3 de septiembre de 2016 Jatar, Director  de Reporte Confidencial, fue detenido tras reseñar un cacerolazo que Nicolás Maduro recibió durante un recorrido por la comunidad de Villa Rosa en el estado Nueva Esparta. El 12 de mayo, César Miguel Rondón y su familia fueron retenidos en  el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar ysus pasaportes fueron anulados, luego que el Presidente de la República opinará que el comunicador debería ir preso por “promover una persecución”.

Por eso insistimos en reducir la distancia

El 3 mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, publicamos sendos informes: uno correspondiente a la Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela de 2016 y otro que da cuenta del derecho durante el cuatrimestre enero — abril 2017.

El 5 de mayo introdujimos una demanda contra Ricardo Molina (Ministro de Transporte Terrestre) y Gerardo Molina (Presidente del Metro de Caracas) por los cierres arbitrarios y sistemáticos de los servicios del Metro de Caracas durante los días de manifestación  de la oposición venezolana.

Finalmente, el 16 de mayo entregamos una misiva al Director del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses exigiendo que se respete el acceso a la información; esta acción estuvo respaldada por 32 comunicadores y miembros de la sociedad civil.

ABRIL

En el mes abril, primero de manifestaciones pacíficas en contra del gobierno nacional, casi un centenar de trabajadores de la prensa tuvieron que sortear graves ataques mientras documentaban las protestas, especialmente durante las situaciones de conflictividad entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad del Estado. Desde golpes, empujones, patadas, rocío de gas, pasando por persecuciones en moto hasta rapto por encapuchados y amedrentamiento por parte de grupos civiles armados.

Cabe destacar, dentro de la lamentable enumeración de hechos, dos campañas de instigación al odio. Lo que empezó en Lara contra El Caroreño, Noticias Carora, Carora 100.5 y 97.3FM Carora acusados de promover acciones violentas en la entidad, terminó legitimado por el Estado mediante unos tuits del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) donde descalificó a manifestantes opositores acusándolos de terroristas. Por esta razón, el 25 de abril Espacio Público introdujo una denuncia ante el Ministerio Público.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atenta a crisis política que vivía el país emitió dos comunicados. En el primero alertó sobre el papel del Estado frente las protesta, recordando que debe: “abstenerse de restringir arbitrariamente el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, proteger a los participantes y a los terceros presentes de ataques de particulares, así como de asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos”. En el segundo manifestó preocupación por el despliegue de militar, afirmando que “representa una grave amenaza a los estándares en materia de protección de la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos”.

MARZO

Durante marzo: 6 periodistas de la fuente legislativa del estado Portuguesa denunciaron irregularidades en el acceso a la fuente; en Caracas varios trabajadores fueron atacados mientras hacían cobertura a una protesta convocada por un dirigente de la oposición en el Ministerio de Alimentación; en Cumaná salió del aire el programa A Media Mañana transmitido por La Cumanesa 105.3FM por presiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); en Carabobo, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvo al profesor Santiago Guevara acusado de traición a la patria e instigación a la rebelión tras la publicación de unos artículos de opinión orientados a la situación económica del país.

Paradójicamente el 16 de marzo, el Estado venezolano, en el marco del Examen Periódico Universal realizado por la ONU, aceptó seis recomendaciones que lo comprometían a mejorar las condiciones del ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de expresión. El 22 de marzo, Espacio Público junto con otras organizaciones participó en un audiencia para exponer los principales aspectos del Acceso a la Justicia en Venezuela, ahí recopiló una serie de casos que resumen los efectos negativos de la falta de independencia del Poder Judicial contra la Libertad de expresión.

A finales de mes tendría lugar una de las acciones gubernamentales con mayor costo político para la gestión actual: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió sendas sentencias en las que anuló decisiones del parlamento, comprometió la inmunidad de sus miembros y trasladó parte de las funciones legislativas al poder ejecutivo nacional. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, al igual que la ciudadanía y la comunidad internacional, condenaron las referidas decisiones porque socavan el hilo constitucional, provocando la ruptura del orden democrático.

 



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