La decisión de la Corte es inapelable y de estricto cumplimiento

Fecha: 08-09-2015 08:51 PM

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Por Luis Zambrano. Ex.secretario General del CNP-Caracas y miembro de Expresión Libre.

El Estado Venezolano violó los artículos 13 y 24 de la Convención Interamericana de Los Derechos Humanos, y por eso lo condena a restituirle todos los derechos al canal venezolano Radio Caracas Televisión que incluye la señal, los equipos  y la respectiva indemnización a los dueños y trabajadores, según lo detalla la sentencia dada a conocer hace pocas horas, especialmente a través las redes sociales.     

Con esta   decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que viene a ser  el Tribunal Judicial de la OEA, el Estado Venezolano tiene la oportunidad de demostrar si el gobierno actual es un gobierno democrático. A los ojos del mundo veremos  si se comporta como un Estado que  respeta los derechos Humanos o si por el contrario es un Estado forajido.

La decisión por unanimidad estuvo a cargo de los 7 jueces  de la CIDH, el colombiano Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; el brasileño Roberto F. Caldas, Vicepresidente; el uruguayo Manuel E. Ventura Robles; el chileno Diego García-Sayán; el costarricense Alberto Pérez Pérez; el peruano Eduardo Vio Grossi, y El mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; presentes además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta.

Dado el conflicto actual con Colombia, las más altas esferas del gobierno podrían argumentar sobre la no  casualidad de que el fallo lo preside un colombiano, aún cuado el resto de los miembros sean de países amigos como se puede notar. Le agregarían la improcedencia dado que Venezuela se habia retirado de la Corte Interamericana, pero de todos es sabido que la violación cometida ocurrió siendo miembro del organismo.

En todo caso, son jueces con una abultada experiencia en derechos humanos  y con una moralidad a toda prueba,  son escogidos entre los 22 países que componen la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde por cierto no figura ni Venezuela, ni Cuba, ni Estados Unidos. Además Venezuela se retiró, precisamente a raíz de este conflicto el 11 de septiembre de 2012, y ellos, han emitido una decisión que de acuerdo a la aplicación y la interpretación de lo previsto en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, es una sentencia suficientemente motivada, es de obligatorio cumplimiento y además no tiene ninguna posibilidad de apelación, es decir es inapelable.

Todos recordamos ese nefasto episodio del 2007 cuando el difunto presidente Hugo Chávez, pavoneándose y en la cúspide de su poder dio órdenes a Conatel: “Ciérreme a Radio Caracas Televisión”. La orden fue cumplida de inmediato sin que mediara  un tribunal, sino a través de una providencia administrativa carente de toda lógica, solo por un capricho político.

Hoy contrariamente a ese episodio, la CIDH, después de casi cinco años de investigaciones, cumplió con el debido proceso  citando  a las partes involucradas que a saber son el Estado venezolano, los propietarios de Radio Caracas Televisión y en tercer término los representantes de sus casi 4 mil trabajadores que perdieron sus empleos en un abrir y cerrar de ojos.

Revisando la sentencia de la CIDH, publicada en internet (Wikipedia) podemos apreciar los siguientes pasos:

-“El caso sometido a la Corte. – El 28 de febrero de 2013, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Además, el trámite ante la Comisión fue el siguiente de acuerdo al escrito de setencia:

“a) Petición. – La petición inicial ante la Comisión fue presentada el 18 de febrero de 2010 por los señores Carlos Ayala Corao y Pedro Nikken .

b) Informe de Admisibilidad. - El 22 de julio de 2011 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 114/111.

c) Informe de Fondo. – El 9 de noviembre de 2012 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 112/122, conforme al artículo 50 de la Convención (en adelante también “el Informe de Fondo”), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias

recomendaciones al Estado:

Conclusiones. - La Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los artículos 13 y 24 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Marcel Granier, Peter Bottome, Jaime Nestares, Edgardo Mosca, Anani Hernández, Inés Bacalao, José Simón Escalona, Eladio Lárez, Odila Rubin, Oswaldo Quintana, Eduardo Sapene, Daniela Bergami, Isabel Valero, Miguel Ángel Rodríguez, Soraya Castellano, María Arriaga y Larissa Patiño, así como los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de las personas señaladas anteriormente y adicionalmente los señores Jean Nestares, Fernando Nestares, Alicia Phelps de Tovar, Francisco J. Nestares.

Recomendaciones. - En consecuencia, la Comisión hizo al Estado una serie de recomendaciones, en relación con:

i. Abrir un proceso para asignar una frecuencia de televisión abierta a nivel nacional en el cual RCTV pued[a] participar, como minimo, en igualdad de condiciones. El procedimiento deberá ser abierto, independiente y transparente, aplicar criterios claros, objetivos y razonables, y evitar cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación, de conformidad con lo establecido en [dicho] informe.

ii. Reparar los perjuicios causados a las víctimas como resultado directo de la violación del debido proceso.

iii. Adoptar toda medida que resulte necesaria para garantizar que el proceso de asignación y renovación de frecuencias de radio y televisión sea compatible con las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de libertad de expresión, de conformidad con lo establecido en [el] informe”-.

Indudablemente que esta decisión de la CIDH llena de satisfacción, a los periodistas, a RCTV, y al pueblo demócrata de Venezuela.



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