Periodistas exigen al Defensor del Pueblo cumpla con su deber

Fecha: 27-09-2018 05:01 PM

Libertad de expresion3

La Alianza por la Libertad de Expresión entregó hoy  27 de septiembre una carta al Defensor del Pueblo donde le exige cumplir con su rol y tomar las medidas institucionales a las que está obligado para detener las violaciones contra el derecho humano a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas.

Esta es la segunda misiva que la coalición organizaciones (gremiales, académicas y de la sociedad civil articuladas en torno a la defensa y promoción de la libertad de expresión) entrega a Alfredo Ruíz. La primera se consignó el 30 de mayo de este año y no hubo respuesta; desde la fecha el escenario ha empeorado tanto para los medios, periodistas como para los ciudadanos.

 El punto de encuentro  fue  en el Centro Financiero Latino en la Avenida Urdaneta (diagonal a la sede de El Universal) a las 10 am. Allí hubo una representación de cada una de las organizaciones que inegran la alianza y fungieron como voceros Silvia Alegrett,  Coordinadora de Expresión Libre y Carlos Correa de la ONG Espacio Público. El contenido de la comunicación es el siguiente:

"Caracas, 27 de septiembre de 2018
Ciudadano
Alfredo Ruiz Angulo
Defensor del Pueblo
Su Despacho
Defensor:
Hace cuatro meses, la Alianza por la Libertad de Expresión acudió a la sede de la Defensoría del
Pueblo para exigir que usted, como su máximo representante, se avocara con urgencia a la
solución de las graves limitaciones que enfrenta el derecho a la libre expresión en el país.
Desde entonces, las organizaciones parte de la Alianza hemos estado atentas a las acciones de
su despacho y hoy queremos enfatizarle que la situación se ha agravado y exigirle una pronta
actuación de acuerdo al rol que desempeña como Defensor del Pueblo.
Ni una sola palabra, ni un solo llamado de exhortación han emanado de su despacho para tratar
de mejorar el marco represivo y desigual en que se desenvuelve hoy la libertad de buscar,
recibir y difundir información e ideas. Nos preguntamos si con sus omisiones y silencio pretende
avalar que se termine de instaurar en Venezuela una hegemonía comunicacional que aplaste la
diversidad, la pluralidad y el libre y equilibrado flujo informativo característico de toda sociedad
verdaderamente libre.
Tal conducta es contraria a las responsabilidades que le asigna el Artículo 80 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: “La promoción, defensa y vigilancia de los
derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre
derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y
ciudadanas”.
En el ejercicio de nuestro derecho, profesionales y ciudadanos cada vez encontramos más
riesgos. Los hechos, que se mantienen sin investigación y sanción, así lo demuestran.
La cobertura periodística sobre las expresiones de malestar popular ante las privaciones
extremas que padece el venezolano por falta de alimentos, medicinas, seguridad y servicios
públicos es criminalizada, incluso la fotográfica. Jesús Medina Ezaine, un reportero gráfico
conocido por el registro de situaciones conflictivas, se encuentra detenido desde el 29 de agosto
por diversos cargos.
El trabajo de los corresponsales extranjeros es obstaculizado. El 14 de septiembre se privó de
libertad a un equipo de prensa de la televisora británica ITV News, tan solo por haber ingresado
al territorio nacional. La periodista argentino-británica Laura Saravia y sus colegas ingleses Dan
Rivers y Barnaby Green fueron detenidos por la GNB en Paraguachón y trasladados a la sede del
Sebin en Maracaibo, estado Zulia, sin razón alguna; un atropello injustificado típico de los
regímenes más opresivos.
La persecución a periodistas por medio de los tribunales ha tenido nuevas incidencias. El juicio
contra los colegas Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Ewald Sharfenberg y Alfredo Meza, del portal
Armando.info, además de la prohibición de salida del país, la cual los obligó a exiliarse, también
implica la imposibilidad de mencionar a quienes manejan las importaciones de mercancía para
las cajas CLAP, en particular al jefe de ese comercio, Álex Naím Saab Morán. Resulta evidente la
combinación de los poderes Ejecutivo y Judicial para lograr que se dictara una medida de injusta
censura a la investigación que logró demostrar toda la ruta de corrupción de la importación
estatal de alimentos.
Otra forma de persecución que se ha implementado es la retención de los pasaportes
acompañada de la prohibición de salida del país aplicada a profesionales de la información.
Durante este año Nelson Bocaranda e Isnardo Bravo han sido víctimas de estas medidas
impuestas de manera discrecional por las autoridades de extranjería a causa de su trabajo como
periodistas.
En lo que respecta a los medios impresos, la debacle es de tal naturaleza que el registro
histórico de la desaparición de diarios durante los últimos 18 años ya supera los 80. El bloqueo
del acceso a los insumos importados, que monopoliza la estatal Corporación Maneiro, sumado
al modelo económico impuesto al país se han conjugado para elevar la crisis de estos medios a
niveles exponenciales.
En Lara se mantienen sin circular El Impulso, el Diario de Lara y El Caroreño; en Portuguesa,
salieron de circulación Última Hora, el diario El Regional, y Universal TV. En Yaracuy cerró el
diario La Mosca. En Los Altos Mirandinos desapareció el diario Avance. El diario El Expreso de
Ciudad Bolívar también anunció su cierre técnico por falta de insumos y las medidas económicas
del gobierno. Se suman, Nueva Prensa de Guayana; el tabloide Notitarde y Noticia 52 de
Valencia y también el diario Las Noticias de Cojedes. Similar anuncio hizo el periódico Visión
Apureña.
Nuestra Alianza no se cansará de denunciar cómo a lo largo de los períodos de los presidentes
Chávez y Maduro, y sobre todo desde que los medios fueron señalados como “el principal
escollo de la revolución”, se han incrementando los ataques, restricciones y censura, así como
también el cierre de canales de televisión y emisoras de radio.
Las prácticas censoras aplicadas al ecosistema de medios y sus trabajadores se han volcado
también a la ciudadanía. Pedro Jaimes Criollo está encarcelado en El Helicoide por publicar en
Twitter la ruta del avión presidencial; estuvo un mes desaparecido, sufrió tratos crueles y en
más de 130 días no ha podido nombrar a la defensa de su confianza. Los bomberos Carlos Julio
Varón Gracia y Ricardo Antonio Prieto Parra están detenidos en a la sede de la policía de
Bailadores del estado Mérida por presuntamente grabar un vídeo en el que, mientras un burro
recorre la estación, simulan la visita de Nicolás Maduro.
Defensor, estas anómalas situaciones que impiden el cabal respeto de la libertad de expresión y
derecho a la información configuran uno de los más grandes déficits de la democracia en
nuestro país y hacen imprescindible la actuación de su despacho, para que tales capacidades
fundamentales sean garantizadas en los términos que establece el artículo 58 de la Constitución
y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En tal sentido, subrayamos que el Ordinal 3º del Artículo 281 de la Constitución faculta a la
Defensoría a “instar al Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a
que hubiere lugar contra los funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la
violación o menoscabo de los derechos humanos”. Igual solicitud puede elevar ante el Consejo
Moral Republicano, de acuerdo al Ordinal 5º del mismo artículo, y puede, según el Ordinal 6º,
“visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de
garantizar los derechos humanos”.
A la luz de estos artículos constitucionales, usted y el despacho a su cargo tienen todas las
facultades legales para introducir los correctivos que se necesitan en la situación descrita.
En tal sentido, muy respetuosamente tenemos a bien solicitarle:
1. Promueva una reunión conjunta con los representantes de los siguientes organismos:
comandantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana
(PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para imponerlos de su
obligación de respetar los derechos y garantías constitucionales de los periodistas, tanto
nacionales como extranjeros, a fin de evitar que continúen las obstrucciones a su labor
informativa.
2. Que de las resultas de la reunión anterior inste a la Fiscalía General de la República a que
intente las acciones y los recursos para reponer los derechos vulnerados, establecer las
responsabilidades y aplicar las sanciones a que haya lugar.
3. Que su despacho se pronuncie sobre la necesidad de que los entes públicos garanticen a
los periodistas el debido acceso a las fuentes informativas.
4. Que se produzca con la urgencia del caso una reunión entre usted y los representantes
de la Alianza por la Libertad de Expresión a fin de conversar sobre los problemas aquí
planteados para estudiar formas de cooperación y buscar soluciones.
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su receptividad y atención a la presente:
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Colegio Nacional de Periodistas
Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público
Espacio Público
Expresión Libre
Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social (FEVECOS)
Instituto de Investigaciones de la Comunicación, ININCO UCV
Instituto Prensa y Sociedad – Venezuela (Ipys)
Ser Investigación y Comunicación"



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