Sin medios de comunicación libres no hay democracia

Fecha: 28-11-2006 12:00 AM

La libertad de expresión es el oxígeno esencial de la democracia

Oscar Lucien

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El Libertador Simón Bolívar advirtió en 1819 que "el derecho de expresar sus pensamientos y opiniones de palabra, por escrito o de cualquier otro modo, es el primero y más inestimable don de la naturaleza. Ni aun la misma ley podrá jamás prohibirlo". Thomás Jefferson, principal redactor de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos al insistir en que la Constitución estadounidense debía incluir el derecho del público a la libertad de expresión, a la prensa libre y el derecho de reunión, escribió en 1787: "Si yo tuviera que decidir entre tener gobierno y no tener periódicos o tener periódicos y no tener un gobierno, no dudaría ni un segundo en elegir lo último".

Sin medios de comunicación libres no hay democracia. Para que los ciudadanos de un país puedan disfrutar las ventajas políticas, sociales y económicas que consagra el estado de derecho, todas las instancias de poder y en particular, el Estado deben estar abiertas al escrutinio cotidiano del pueblo. Y he aquí el rol fundamental de los medios de comunicación: “Los medios de comunicación independientes desempeñan cuatro funciones vitales en una democracia. Primero, sirven para fiscalizar a los poderosos, obligándoles a rendir cuentas ante el pueblo. Segundo, arrojan luz sobre temas que requieren atención. Tercero, instruyen a los ciudadanos de modo que puedan tomar decisiones políticas. Cuarto, conectan a las personas y ayudan a crear el "pegamento" social que une a la sociedad civil. (Ellen Hume).

Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley.

Estas consideraciones, extraídas del preámbulo de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben marcar el compromiso esencial del nuevo gobierno respecto del ejercicio de la libertad de expresión y de la garantía del derecho a la información, consagrados en nuestra Carta Magna. Es fundamental, por otra parte, comprender y hacer comprender, y en consecuencia asumir, que el ejercicio y defensa de la libertad de expresión, la garantía de actuación de medios de comunicación en plena libertad, no es un privilegio de periodistas o comunicadores y, muchos menos de propietarios de medios de comunicación. Tal como consagra la declaración de principios de la CIDH, la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.


La función de los medios en una democracia
La democracia, es sus definiciones más básicas, supone un ciudadano en capacidad de elegir. Y la calidad de elección está en estrecha relación con el nivel y calidad de información de que dispone en un momento dado. Para actuar libre y responsablemente en la vida social y política el ciudadano necesita un acceso libre, plural y oportuno a la información. Sin tutela del gobierno ni de corporación mediática privada alguna. En consecuencia el modelo político de la democracia entraña la existencia de medios de comunicación libre, independientes del aparato de gobierno, de la misma manera que excluye el predominio de monopolios de información y opinión públicos o privados. El pluralismo y la garantía de la diversidad de la opinión política nacional son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia. Durante estos ocho años de revolución bolivariana el Estado venezolano ha sido incapaz de garantizar el ordenamiento del espacio público de las comunicaciones para promover el pluralismo de la opinión.

Por el contrario, los venezolanos hemos estado sometidos a una peculiar dictadura mediática que se expresa en dos vertientes fundamentales: por un lado, la confiscación de todos los medios radioeléctricos del Estado sometidos al exclusivo beneficio de la parcialidad política en el gobierno; por otro, el cerco incesante a la libertad de expresión. El gobierno del presidente Chávez se ha caracterizado por una marcada valoración y dominio de lo mediático. Mientras expresa una hipersensibilidad a la crítica ha ido construyendo un contundente entramado de radioeléctrico, de canales de televisión abierta, en cable, de medios comunitarios que sirven de manera exclusiva a la “ideología de la revolución bolivariana”. En estos medios, concebidos en el más claro modelo oficialista, al estilo de las dictaduras totalitarias del llamado “socialismo real”, solo tienen cabida quienes suscriben el ideario excluyente de la revolución. Una acción inmediata del nuevo gobierno de unidad nacional es colocar en su agenda política la restitución de los medios del Estado a la ciudadanía. “Cuando los periódicos y estaciones de radio y televisión están en condiciones de desempeñar sus tareas libremente, pueden ser elementos importantes en la creación de la democracia. Además de fiscalizar a las instituciones locales y alertar al público acerca de asuntos de seguridad, pueden ayudar a los ciudadanos a comprender su gobierno y acceder a él” (Ellen Hume). Los venezolanos requerimos con urgencia de una acción cultural y comunicativa que potencia la democracia y nos cure de los efectos, de los desatinos, de corte autoritario y caudillista de estos últimos años.

Apuesta a una radiotelevisión de servicio público no gubernamental
Sin duda alguna, el papel de los medios de comunicación ha sido fundamental en estos ochos años del gobierno del teniente coronel Chávez. Los medios han estado en el corazón del debate y la confrontación política. Y como nunca antes en la historia de nuestro país han jugado un rol tan determinante. El rasgo más característico del gobierno del presidente Hugo Chávez en relación a los medios de comunicación ha sido desnaturalizar propuestas muy caras a la tradición académica venezolana, desnaturalizándolas y vaciándolas de su potente contenido democrático originario. Hoy más que nunca los venezolanos estamos consciente y sensibles al consenso necesario para una acción pública modernizadora que democratice de veras las comunicaciones en nuestro país. En este sentido, la perspectiva de un nuevo gobierno comprometido con los valores democráticos ofrece una excepcional oportunidad para restituir y fortalecer una comunicación abierta a la pluralidad de la opinión política del país, promotora de los valores de tolerancia y solidaridad y garante del derecho de información de todos los venezolanos. El nuevo gobierno debe retomar la bandera de la democratización de los medios en nuestro país y comprometerse con una acción de largo aliento en el ámbito de la comunicación claramente diferenciada de los intereses gubernamentales, así como de los intereses empresariales de la radio y la televisión privados, orientada según los principios indeclinables de democracia cultural y comprometida a garantizar a plenitud la libertad de expresión y el derecho de información de los venezolanos consagrados en la Constitución de la República y conforme con los convenios y tratados internacionales sobre la materia.

Los rasgos definitorios de esta acción serán:
1. La reconstrucción del proyecto público de televisión, tomando en consideración la realidad de las nuevas tecnologías y el fenómeno de la globalización.
2. El reconocimiento y expresión de la diversidad cultural del país.
3. Garantía de la pluralidad ideológico-política.
4. Garantía de información plural.
5. Reconocimiento de lo regional
6. Los medios como espacios complementarios de formación y ejercicio de la ciudadanía.

En conclusión, estamos conscientes de que toda participación en un sector tan estratégico como la Cultura y la Comunicación lleva implícito cuestiones o planteamientos de índole política e ideológica. Pero esta participación es distinta si se hace en nombre del Gobierno o en nombre del Estado. La participación en nombre del Estado implica consenso social, reivindicación social y económica. Es decir, que toda participación del Estado debe tener como objetivo fundamental una demanda social, una necesidad social que las Instituciones Públicas del Estado deben estar en capacidad de satisfacer. Entre las medidas iniciales que el nuevo gobierno debe debatir y promover podemos adelantar, a modo ilustrativo las siguientes:
1. Instituir el Servicio Público de Radiotelevisión (no gubernamental) que coexista armónica y democráticamente con los servicios privados de comunicación, con sus áreas de competencia y alcance bien delimitados. Este concepto de servicio público contempla la consideración de una autoridad única para los medios, seleccionada, de preferencia, por la Asamblea Nacional.
2. Promover una Ley orgánica que limite las transmisiones en cadena.
3. Revisión del artículo 209 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Este artículo, anticonstitucional, permite la restricción de las comunicaciones interpersonales.
4. Democratizar y socializar toda la red de emisoras privadas recuperadas por el Estado (Caso Fogade) y ponerlas al servicio de las necesidades comunicacionales de toda la población.
5. Promover una Ley de acceso a la información pública.



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