Abusos continuados

Fecha: 31-03-2018 09:01 PM


Por. Luis Zambrano

La masacre ocurrida en los calabozos de la Policía de Carabobo con más de 70 víctimas y el tratamiento que las autoridades dan a la prensa que cubre el suceso, reseñado en primera página por el New York Times, pintan un panorama más oscuro, para los Derechos Humanos en Venezuela a partir de este segundo trimestre de 2018.

En cada acción de protesta pacífica o violenta donde intervienen los organismos de seguridad del Estado, siempre figuran entre las victimas los periodistas

El atropello tiene vieja data y se remonta a los tiempos de cuando Hugo Chávez ejercía la primera magistratura y  un buen día cuando ya había consolidado su hegemonía comunicacional y no necesitaba de medios privados, decidió atacar a los periodistas y a los dueños de los medios de comunicación.

En estos últimos tres  años cuando han arreciado las protestas por falta de alimentos, medicinas, gas, agua, electricidad y aseo urbano, es cuando más ataques a la prensa han ocurrido. La acción de amedrentamiento contra la prensa ha sido en  estados y municipios. Destacan  Zulia, Miranda, Carabobo, Aragua, Barinas, Apure, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Mérida y región capital.

No solo es la agresión física que sufren los comunicadores de parte de las fuerzas del orden público o de los grupos civiles de choque, sino la constante intimidación y detenciones arbitrarias hasta la apertura de juicios que culminan con una libertad condicional bajo presentación ante los tribunales.

Este año 2018 ya lleva un alto porcentaje de violaciones a la libertad de expresión por parte de funcionarios y grupos parapoliciales, pero el año 2017 se batió record de violación de los derechos fundamentales a los periodistas, reporteros gráficos, medios de comunicación y particulares.

De acuerdo a cifras de la Organización Espacio Público, el año 2017, hubo un total de 887 violaciones a la libertad de prensa y de expresión. Las mismas están discriminadas de la siguiente manera: 268 intimidaciones, 208 agresiones, 157 censuras, 83 restricciones administrativas, 72 amenazas, 14 hostigamientos judiciales y 12 ataques.

Las víctimas fueron 364 periodistas y reporteros, 198 medios de comunicación en todo el país, , 121 reporteros gráficos, 52 camarógrafos y técnicos, así como, 15 choferes de medios de comunicación. Se destaca que 61 reporteros fueron robados de sus equipos de trabajo y personales, 59 personas fueron detenidas por registrar  o difundir información acerca de protestas.

 El propio Presidente Maduro, está vinculado a 9 agresiones verbales contra medios y periodistas. En todos los hechos descritos anteriormente están involucrados entre otros,  288 policías, 79 grupos violentos pro gobierno, 24 hackers que provocaron serios daños a portales que difunden información que no le gustaba al gobierno.

 No nos olvidemos que el año pasado fueron expulsados del país por orden expresa del gobierno 14 corresponsales extranjeros. Recordemos igualmente, los largos meses de prisión que sufrió el colega Carlos Julio Rojas al protestar por los servicios públicos en La Candelaria. Así mismo, las detenciones y pase a juicio de otros reporteros como a Alberto Cabrera y Ángel Medina en el Zulia.

Todas estas cifras dadas a conocer a finales del año pasado, ya han pasado al olvido, por eso es bueno recordarlas ahora cuando se arrecia la conflictividad social y los periodistas están en la calle registrando esos hechos.

Las números del 2017 registraron 8 canales de televisión sacados del aire, 49 emisoras tuvieron que cesar por ataques a sus instalaciones, robos de sus equipos o por documentación que el propio Estado se negó a calificar.

La acción represiva también hizo desaparecer un total de 17 medios impresos especialmente por falta de insumos, negados por el Estado como es el caso del  papel periódico.  La recomendación a los periodistas y a la prensa es denunciar ante el CNP para luego elevar los casos a instancias legales.

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