Agresión a Derechos Humanos

Fecha: 27-08-2009 11:30 PM


Con voz propia / Alberto Jordán Hernández

Dos medidas que provocaron subversión de sociedad civil en la transición de dictadura a democracia y en la instauración de un período revolucionario, se empeña en repetir con exageración, el comandante que emula al tirano en perpetuación en el Poder. Se trata de limitación a libertad de expresión y control de Educación.


El 12 de febrero 1936, el gobierno del Distrito Federal emitió un decreto para el “control sobre publicaciones y radiodifusiones”. La reacción de medios y comunicadores fue de inmediato y el mismo día resolvieron “suspender la publicación de nuestros diarios, hasta tanto no se restablezca un orden de cosas que permita a la Prensa desenvolverse de acuerdo con los justos reclamos de la opinión pública con cuyos intereses estamos hoy más que nunca vinculados”. La huelga terminó con la inmediata rectificación del gobierno.


Diez años después, el 30 de Mayo 1946, el Ministro de Educación, Humberto García Arocha, de la Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG), que presidía Rómulo Betancourt, emitió el Decreto 321. Entre otras motivaciones, privilegiaba a estudiantes de planteles públicos y afectaba a la educación privada y católica.
Las masivas protestas tampoco se hicieron esperar. Resultaron tan eficaces que, a confesión de Betancourt, estuvo a punto de provocar caída de la JRG.


La hipocresía no caracteriza a gobernantes honestos. Anecdóticamente el presidente de dicha Junta declararía que en la protesta contra el decreto participaba su hija Virginia, quien estudiaba en colegio privado y portaba un cartel con la leyenda ¡Abajo el 321!


Algo parecido sucedió con el Presidente (ahora gobernador) del Táchira, Leonardo Ruiz Pineda, quien contaría que las protestas en su Estado, las lideraban su madre y hermanas.


El cuestionado decreto sería revocado.


Muy diferente es la actuación del régimen del teniente coronel en manifestaciones por defensa de los dos derechos humanos.


La eliminación del que garantiza información se ha convertido en obsesión del autócrata. Y su política con la (mala) educación, quedó en evidencia en la marcha cívica bien educada.


La JRG que hace 63 años dictó el decreto 321, fue impuesta por un golpe militar y en su integración figuraban las Fuerzas Armadas. Pero el talento civil lejos estaba de someterse al militarismo.


Un golpista democráticamente legitimado conduce el régimen catalogado de revolucionario por decretos leyes, porque el 85% de la producción parlamentaria proviene del Ejecutivo. En esta se cuenta la inconstitucional Ley Orgánica de Educación (LEO), que se suma a restricción de la libre expresión. La mitad de sus cincuenta artículos son impugnados.


A decir de Manuel Rachadell, asesor jurídico de la Universidad Central de Venezuela, dicho instrumento es inviable mientras no se aprueben 24 leyes especiales y 11 reglamentos.


Para aquel gobierno cívico militar, las manifestantes contra el famoso decreto, fueron decentemente tratados; para este régimen, quienes protestaron la LEO, “han rompido” (expresión del viceministro de seguridad, Juan Francisco Romero) las barreras impuestas.


Complementando la identificación del régimen, arremetió contra manifestantes, en especial contra damas, el coronel de la Guardia Nacional Antonio Benavides Torres. Así como el teniente coronel presidente premió a aquel general del eructo, lo hizo con la reprochable conducta de este oficial.


Tal actúa con la libertad de información, con la pacífica marcha, el régimen confirmó su figuración mundial en violencia. Pero la (des) vergüenza de una (ve)juventud comunista dice que no hubo represión, sino disuasión.

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