Cierre forzado de Directv es un avance brutal para la hegemonía comunicacional del régimen

Fecha: 25-05-2020 12:01 PM


Expresión Libre, Comunicadores por la Paz y la Democracia, considera que la intransigencia oficial que condujo al cese de operaciones de la empresa de televisión por cable DIRECTV está en correspondencia con la inocultable intención gubernamental, admitida e impulsada desde hace años, de instaurar una hegemonía comunicacional como condición sine qua non para la perpetuación en el poder.

Para Expresión Libre resulta deleznable la actuación del gobierno de Nicolás Maduro al cerrar filas con dos canales de televisión sancionados por las autoridades de los Estados Unidos, debido a ilícitos cometidos por sus propietarios en territorio de ese país e incluso en Venezuela. El acatamiento por la empresa matriz de DIRECTV, AT&T, de las disposiciones del Departamento de Estado no implicaba la desaparición de Globovisión y PDVSA TV, las empresas sancionadas, que hoy permanecen en su señal abierta y en otras cableras.

 

El gobierno de Maduro prefirió dejar a aproximadamente 10 millones de venezolanos, la mayoría de extracción humilde, sin lo que había sido la fuente más económica y variada de información y entretenimiento, si bien ya la férrea censura oficial había obligado a la salida de la programación de varios canales informativos internacionales.

 

Mucho más cuestionable resulta la conducta gubernamental si se toma en cuenta que la desaparición forzada de un servicio comunicacional que se había tornado indispensable para la cotidianidad de los venezolanos, se produce cuando estos se encuentran en situación de encierro por el COCID-19. La desinformación, aislamiento e incertidumbre crecerán para la población, con lo cual se estarán violando sagrados derechos humanos y constitucionales.

 

Es incomprensible ver cómo el TSJ, que ilegalmente mantiene inoperante desde el año pasado su página web, impidiendo el acceso a sus decisiones judiciales, emite una sentencia sin mérito alguno, solo para complacencia política, ordenando a su vez a DIRECTV que restablezca la señal, mientras ocupa sus inmuebles e instalaciones en otro acto de expropiación, como los que condujeron a la quiebra del aparato económico nacional.  Además de las medidas coercitivas contra sus gerentes, ahora prácticamente en situación de rehenes.

 

Hay que recordar que es el mismo TSJ, postrado y obsecuente, que casi cinco años después de las elecciones legislativas del 2015 aún no se pronuncia sobre el caso de la anulación de los diputados de la AN por el Estado Amazonas, decidida con base en ilícitos ficticios que finalmente sirvieron como pretexto para arremeter contra el Poder Legislativo y declararlo en desacato.

 

Para Expresión Libre resulta pertinente traer a colación otro gran apagón comunicacional de connotación histórica, como lo fue el cierre de RCTV, el 27 de mayo de 2007, la televisora más antigua, de mayor penetración y audiencia, que había permanecido en el aíre desde 1953, con más de 3 mil empleados directos y 10 mil indirectos. Fue asimismo despojada de sus antenas y repetidoras sin recibir un céntimo de indemnización. Para ese acto antidemocrático del gobierno del extinto presidente Chávez no medió la sensatez, ni hubo fallo de los tribunales, sino la imposición del revanchismo político.

 

Los dolientes de RCTV invocaron en aquella oportunidad un recurso de amparo en defensa de las garantías y derechos constitucionales de la ciudadanía, lo cual no tuvo receptividad en el seno del alto tribunal que hoy invoca esos mismos principios para sustentar su complaciente y absurdo dictamen.  

 

Expresión Libre concluye señalando que el cierre de DIRECTV representa un paso de avance brutal para la imposición de la hegemonía comunicacional y que la ocupación inmediata de los bienes de DIRECTV marca en definitiva el carácter antidemocrático de una decisión que quebranta los ya muy menguados derechos a la información, la libertad de expresión y al trabajo en Venezuela.

 

Silvia Alegrett / Coordinadora General Expresión Libre

Caracas, 24 de mayo de 2020.

 
 
 

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