Daños colaterales

Fecha: 31-05-2017 12:08 PM


Por Silvia Alegrett (*)

El intento de imposición de un sistema político que nunca lograron explicarnos, llamado por su creador “Socialismo del Siglo XXI”, no solo atrincheró en una cúpula la concentración de poder y aniquiló la independencia de las instancias de control, léase, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Moral (Contraloría, Fiscalía y Defensoría) y hasta hace un año, la Asamblea Legislativa, sino que además, esto que podemos identificar como un cáncer por su capacidad de destrucción, trajo daños colaterales a los que debemos atender poniendo, desde ya, la vista en esos aspectos de la enfermedad que de lo contrario, por más que con una cirugía de democracia se extraiga el tumor, podrían dificultar, en mucho, que el cuerpo vuelva a sanar y que todos los órganos funcionen adecuadamente.

Uno de esos daños colaterales es la desinstitucionalización del país. Esto se ha logrado al desconocer el valor y función de las diferentes instancias en las que se organiza no solo el Estado sino también la sociedad, sometiéndolas al designio del poder ejecutivo y del partido de gobierno (PSUV). Este desconocimiento ha conllevado la violación de leyes, derechos y en definitiva la violación de la Constitucional Nacional.

Ejemplo hay miles, como la actuación del Consejo Nacional Electoral que no atiende, ni reconoce a los partidos de oposición y solo actúa bajo instrucciones de la presidencia de la República. Fiscales que imputan delitos no cometidos, de acuerdo con intereses del gobierno. Tribunales que sentencian sin basamento, violando los derechos humanos por seguir las directrices de quien ostenta el poder.

Pero esta desinstitucionalización va más allá de los órganos que conforman el Estado y el gobierno. Ha permeado hacia la sociedad, afectando sus organizaciones empresariales, sindicales, gremiales, sociales y culturales. A través de leyes, decretos, creación de órganos paralelos, amenazas y de la asfixia financiera, entre otros mecanismos, se ha logrado limitar o entorpecer las gestiones de las instancias organizativas no públicas.

Una de las organizaciones que ha tenido que resistir un fuerte acoso de este gobierno, es el Colegio Nacional de Periodistas. Sin dejar de reconocer las fallas en las gestiones que han existido en las diferentes juntas directivas a nivel nacional y en las seccionales en estos 17 años, el gobierno, a través de diferentes voceros, ha propuesto la derogación de la Ley de Ejercicio del Periodismo para crear un instrumento jurídico acorde con los requerimientos de la hegemonía comunicacional.

Durante 10 años se impidió la renovación de sus autoridades, luego amenazaron con una constituyente gremial, y con el argumento de incorporar a los comunicadores comunitarios (que están contemplados en el Parágrafo Primero del Artículo 3 de la actual Ley),  han elaborado proyectos de leyes como el Proyecto de Ley de Comunicación del Poder Popular, la Ley de la Comunicación Social, incluyendo la creación de un nuevo colegio, todo con la única finalidad de liquidar al CNP, el ejercicio profesional y la formación universitaria.

Los ataques a estas formas de organización independiente no son algo fortuito. Con ello se busca debilitar a la sociedad organizada. En el caso del CNP, la eliminación del gremio organizado les es indispensable para imponer la hegemonía comunicacional.

La Ley Resorteme, el Código Procesal Penal, la Ley contra los Delitos Mediáticos, la Ley de Educación, la Ley sobre la Propiedad, entre otras leyes, buscan establecer un cerco legal contra la sociedad democrática.

Con la ilegítima asamblea nacional constituyente el gobierno tendrá en sus manos el mecanismo “legal” para transformar en “consejos· de trabajadores”, dependientes del gobierno, al CNP y, en general, a las organizaciones gremiales independientes, liquidando la autonomía e independencia de los trabajadores organizados.

El llamado es a todo el gremio de periodistas a cerrar filas en contra de la asamblea nacional constituyente que terminará de desdibujar a la Venezuela democrática.

(*) Coordinadora General de Expresión Libre

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