De Fiscal a Policía

Fecha: 06-09-2009 11:30 PM


Con voz propia / Alberto Jordán Hernández

Esta abogada que sucedió en la Fiscalía General a su primo Isaías Rodríguez, a quien servía profesionalmente en su bufete de Maracay, acumuló deplorables actuaciones en el Ministerio Público

Empeñada en conservar puesto, la abogada Luisa Ortega Díaz sigue incursionando en derecho penal. A poco de haber propuesto ley de delitos mediáticos, con la cual, en confesión pública de su comandante presidente armó un alborto y le cayeron encima, presenta la criminalización de manifestaciones de protesta. El nuevo intento inconstitucional ha generado mayor malestar, pero con su característica mordacidad –siempre que se pronuncia por atropellos, se ríe, aún en escenarios internacionales-, le envió “mis respetos y mis saludos”


Su propósito es cumplir con la misión de apretar el acelerador de la revolución. Llega al exabrupto de anunciar “que no solo los autores materiales sino también intelectuales” que las promuevan, se exponen a condenas entre 12 y 24 años de prisión, al considerar que la conducta de ellos “encaja perfectamente en el delito de rebelión civil”.


Esta abogada que sucedió en la Fiscalía General a su primo Isaías Rodríguez, a quien servía profesionalmente en su bufete de Maracay, acumuló deplorables actuaciones en el Ministerio Público. Entre estas se recuerdan las detenciones de los presidente de Fedecamaras, Carlos Fernández; y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega.


Como Fiscal Sexto sacó de la Embajada de El Salvador, donde habían solicitan asilo diplomático, y entregó a la Policía, a los Comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero. Con el juicio a estos funcionarios, el del también comisario Iván Simonovis y al de ocho efectivos de la Policía Metropolitana, hizo historia por la violación de los derechos legales y constitucionales. No conforme, les negó la amnistía decretada por el teniente coronel con la falsedad de estaban siendo juzgados por “delitos de lesa humanidad”, cuando la acusación que ella misma redactó lo fue por delitos ordinarios.


Ahora, cuando propone criminalizar las protestas, fueron encarcelados once trabajadores de la Alcaldía Mayor y el prefecto de Caracas, Richard Blanco. Ordenada está la captura del dirigente Oscar Pérez.
Ninguna novedad la represión. Estadísticas del Ministerio Público reveladas por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) indican que en nueve años del autoritario régimen suman 2 mil 220 los procesados por protestar.


Para fundamentar su criminal propuesta aparece en televisión defendiendo el derecho al libre tránsito, como si se tratara de vigilante de las vías terrestres. Así descubrió nuevo vacío legislativo: la de una norma que sancione a quienes tranquen vías. De allí que la represión con disparos de perdigones y bombas lagrimógenas de la policía merideña contra habitantes de La Venta, Chachopo y Timotes, que reclamaban reparación de la carretera Trasandina, no fue suficiente.


El incremento de las manifestaciones es preocupación del teniente coronel. En los primeros 4 meses de 2009 ocurrieron 759, equivalente, según Espacio Público y Provea, a la mitad de las registradas en 2008, aunque el 97% de esas movilizaciones fueron pacíficas.


Es política del régimen cuartelario que los delincuentes agresores se conviertan en víctima. Las más recientes demostraciones las dio el teniente coronel presidente con los doce periodistas de la Cadena Capriles, a quienes el mismo ordenó enjuiciar, y con los funcionarios de la zona educativa del Táchira, encabezado por el director Oto Lenín Parada, quienes arremetieron bestialmente contra manifestación de rechazo a la inconstitucional Ley Orgánica de Educación. En este caso hasta anunció antejuicio de mérito al gobernador del Estado. Sumisa esa política, la Fiscal se convierte en la más represiva policía.

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