En la Venezuela actual, donde reiteradamente se pregona ser la cuna moderna de los Derechos Humanos, en especial el derecho a la libertad de expresión, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se da el lujo de violar de manera flagrante los dos primeros artículos de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, negándole por razones políticas el derecho de palabra a dos parlamentarios opositores.
El artículo 1 de esa declaración señala: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 reza: ” Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.
El delito no lo cometió en la calle, ni en una asamblea de condominio, mucho menos dentro de su casa, que bien pudiera por alguna razón, mandar a callar a cualquier miembro de su familia, lo grave y delicado para un país como Venezuela, cuna de libertadores de cinco naciones, se da en que el imperdonable delito, ocurre en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.
Allí prevalido de su condición de exmilitar, con prontuario de golpista, no le permitió a los 60 diputados opositores el derecho de palabra si no reconocían a Nicolás Maduro, como Presidente de La República. Y así sucedió.
Eso demuestra por centésima vez que en Venezuela no hay división e independencia de poderes y no lo hay, puesto que minutos después la presidenta del TSJ, fijo posición junto a la Fiscal General, en torno a delitos que no han sido investigados ni comprobados, relacionados con el mismo tema que discutía la Asamblea Nacional.
La historia, no registra antecedentes recientes de cercenamiento de la libertad de expresión en un parlamento que representa a los ciudadanos, cuya razón de ser es la discusión de los problemas del país. Por ello, la conducta de Cabello, quedará inscrita dentro los libros que contarán a las generaciones futuras los abusos cometidos en nombre del llamado Socialismo del Siglo XXI.