El gran “latifundio” venezolano

Fecha: 16-07-2009 11:30 PM


Editorial de LA NACION / Costa Rica

El entorno de arbitrariedad, discriminaciones en la divulgación informativa, presiones contra periodistas individuales, controles a divisas e insumos y manipulación de la publicidad oficial, completan un cuadro realmente alarmante para la democracia.

La estrategia de control informativo se ha recrudecido férreamente en Venezuela

Chávez es el verdadero “latifundista” de la política y los medios en su país

 
Basado en la intención declarada de terminar con un supuesto “latifundio mediático” en Venezuela, lo que se propone el gobierno de Hugo Chávez es fortalecer su latifundio político: un modelo de régimen que limita de manera creciente los derechos de los ciudadanos, mientras extiende, implacablemente, sus ámbitos de control y manipula prebendas para sus partidarios.
 
La frase fue utilizada hace una semana por Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y disciplinado escudero de Chávez, al presentar un plan para “regular” la radio y televisión, con medidas destinadas a reducir su capacidad de decisión independiente, la posibilidad de realizar transmisiones conjuntas y el número de frecuencias que puede utilizar una misma persona o empresa. Es decir, más que regulación, lo que pretende el oficialismo venezolano es estrechar hasta límites de ahogo el círculo de control sobre todo lo que huela a informaciones y opiniones independientes.
 
A la anterior iniciativa, que ya fue respaldada por la Asamblea Nacional –totalmente dominada por el chavismo– y requerirá un mes de “consultas” antes de entrar en vigencia, se unen otras encaminadas por la misma senda de arbitrariedad y autoritarismo.
 
La más inmediata es la decisión de Conatel, basada en oscuros argumentos burocráticos, de revocar las concesiones a 238 del millar de emisoras de radio y televisión que existen en el país, con el argumento de que no se presentaron a un proceso obligatorio de “actualización de datos”.
 
Según un experto de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, esto implicará poner a disposición del Gobierno un 40 por ciento de todo el espectro radioeléctrico, para distribuirlo entre sus partidarios o incorporarlo a los medios oficiales. Es decir, en una típica actitud feudal, Chávez ha decidido extender su propio “latifundio” y entregar algunas parcelas a sus súbditos directos.
 
Pero hay más. El Presidente ha decretado su derecho a interrumpir las transmisiones de radio y televisión, sin previo aviso, por el tiempo que quiera. Existen pretensiones de reformar la Ley de Ejercicio del Periodismo, para controlar el desempeño profesional, así como de modificar los aspectos relacionados con el quehacer de los medios que incluye la Ley de Educación. Y para rematar el tejido autoritario con un nudo más severo, la fiscal Lisa Ortega propuso recientemente crear una ley sobre “delitos mediáticos”. Su eventual contenido no se conoce, pero, con ese nombre y el marco de intenciones que la anima, es claro que cerrará aún más el cerco para los que están fuera del latifundio del Gobierno, su partido y sus organizaciones.
 
Todo esto ocurre a dos años de que se cancelara la frecuencia a Radio Caracas Televisión (RCTV), que desde entonces, convertida en RCTV internacional, solo puede verse mediante servicios de cable. Y coincide con una despiadada ofensiva contra Globovisión, el único canal nacional abierto crítico del régimen que subsiste. El método ha sido un asalto legal en su contra, y la imposición de una multa por $2,3 millones, por presunta (y no demostrada) evasión fiscal. Además, Conatel ha abierto tres investigaciones en su contra, que podrían implicar el corte de su señal por 72 horas.
 
El entorno de arbitrariedad, discriminaciones en la divulgación informativa, presiones contra periodistas individuales, controles a divisas e insumos y manipulación de la publicidad oficial, completan un cuadro realmente alarmante para la democracia. Se trata, por desgracia, de un meticuloso avance del autoritarismo, ante el cual, por lo menos, se imponen la denuncia mundial contra el régimen y la solidaridad con sus víctimas.
 
San José / 17 de julio de 2009

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