El miedo, la mejor arma de una dictadura

Fecha: 15-07-2019 11:40 PM

Mayte

Por Mayte Navarro (*)

La historia venezolana no sólo retrocede en materia económica, de salubridad y educación, sino que también lo hace en lo concerniente al trato de los presos, a quienes ya se les han violado sus derechos porque sus juicios no se ajustan a un debido proceso. Así tenemos que, desde el mismo momento de las detenciones, éstas se hacen sin orden judicial y son considerados como culpables desde ese instante. No importa que no se tengan las pruebas en la mano, las autoridades ya los consideran culpables y los envían a calabozos insalubres donde son sometidos a más torturas.

Venezuela ha retrocedido en materia de derechos humanos y las torturas han regresado como parte del castigo. Se convierten en instrumento de venganza política y los tribunales son ciegos ante esta violación que ha llevado a la muerte a gente como al Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo. Un caso que debería tener a los administradores de justicia en los medios, denunciando el atropello, y a los ciudadanos protestando para que no se repita y para que los presos políticos del régimen sean liberados de inmediato, algo que solicitó en su informe la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas, petición que no ha encontrado eco en las autoridades.

La impunidad continúa reinando en los tribunales venezolanos y la impotencia, tanto en los afectados como en quienes conocen sus derechos ciudadanos, se va transformando en odio, un sentimiento que no debería tener cabida en la política pues solo origina radicalismos que impiden que la justicia ejerza su rol y por otra parte las víctimas son dejadas de un lado y tampoco reciben atención a su dolor ni en sus reclamos. Esto no es nuevo en la sociedad pues ya ha vivido La Shoah, las sangrientas dictaduras de los países latinoamericanos a mediados del siglo XX, los abusos en la guerra de los Balcanes en los años 90 y situaciones similares en África.

Pero en Venezuela la falta de humanidad no cesa con la muerte. El caso del asesinato de Acosta Arévalo así lo confirma. Después de su fallecimiento, sus familiares se sometieron a la ignominia de no poder ver ni reconocer a la víctima, de que sus restos estuvieran detenidos por días en una morgue, donde el respeto por el cuerpo humano y su dignidad están ausentes, sino que no tuvieron el derecho a velarlo, ni siquiera a tener la seguridad que eran sus restos los que se estaban enterrando. Tampoco podrán honrarlo cada vez que quieran llevándole flores a su tumba porque el cementerio elegido está alejado del domicilio de los familiares.

Ante tanta maldad surge la gente del Foro Penal Venezolano, que se ha dado a la tarea titánica de defender a los privados de libertad, a las víctimas de las torturas y a sus familiares. Ellos representan la memoria de un país pues guardan y denuncian nacional e internacionalmente cada crimen del régimen. Luchan contra la impunidad, contra la tortura reiterada que va más allá de las cárceles, pues la soledad que viven los familiares, la falta de atención los marca psicológicamente, perturbando su salud metal, sometiéndolos a sentimientos extremos de angustia que puede acabar con la vida misma.  

Se impone, entonces, el terrorismo de Estado cuya definición es muy clara, según lo expresado por  Miguel Ángel Pichardo Reyes en el documento titulado Anatomía de la tortura: El  terrorismo  de  Estado,  también  conocido  como  “represión  política”,  “abuso  de  poder del Estado”, “violencia institucionalizada”, “violencia política”, etc., abarca tanto el uso  como  la  amenaza  del  uso  de  la  violencia  por  parte  del  Estado  contra  aquellos  individuos,  grupos  o  sectores  de  la  sociedad  considerados  como  opositores  o  como  disidentes,  y  contra  la  población  en  general.  El propósito está muy claro, callar cualquier oposición a las condiciones impuestas por el gobierno, que sin ningún pudor continúa desmantelando al país”.

El silencio es el mejor aliado para ellos, los torturadores. Denunciar a los esbirros es una tarea, pero apoyar y proteger a las víctimas resulta una obligación.

(*) Miembro de Expresión Libre



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