El periodismo, un estorbo para los gobiernos corruptos y para el mundo del delito

Fecha: 23-04-2018 11:12 PM


Por Silvia Alegrett (*)

Los periodistas, de nuevo, volvemos a estar en un duelo internacional. En menos de un mes van 4 trabajadores de la comunicación asesinados, solo en América Latina: el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio de Ecuador y Ángel Gahona quien trabajaba freelance para varias televisoras privadas en Nicaragua. Sea quien sea él o los que apretaron el gatillo, es terrible que se les haya violado el derecho a la vida a estos periodistas por estar cumpliendo con su trabajo de buscar información para darla a conocer a los ciudadanos. 

La información debilita el mal gobierno, lo expone al escarnio público, pero también investigar los intríngulis de los negocios de la guerrilla con el narcotráfico en las fronteras pone en evidencia no solo este terrible cáncer social, sino que visibiliza también los nexos que tiene este negocio con factores de poder en el plano político, gubernamental, así como económico.

Es por eso que el periodismo, a fin de cuentas, se convierte en un estorbo tanto para los gobiernos intolerantes, corruptos y mediocres como para el mundo del delito.

Sin ir muy lejos, en los últimos meses este garabato de gobierno que encabeza Nicolás Maduro ha incrementado su acción para impedir que los periodistas puedan cubrir las diferentes protestas que surgen por decenas todos los días por variados y graves motivos. La reacción de los cuerpos de seguridad del Estado, unido a funcionarios y colectivos del gobierno, ante la presencia de los periodistas reportando estas protestas no se deja esperar, detenciones, amenazas, agresiones, cierre de medios, bloqueo de páginas WEB, y pare usted de contar.

Se ha convertido en algo cotidiano impedir que los periodistas tengan acceso a las fuentes gubernamentales

Y aun cuando ya se ha convertido en algo cotidiano impedir que los periodistas tengan acceso a las fuentes gubernamentales y puedan cubrir hechos relevantes del acontecer nacional, se llega al extremo de violentar la independencia de un poder público como es la AN para evitar la cobertura de la sesión especial donde se debatiría la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, de aplicar el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro. Los periodistas quedaron a las afueras del hemiciclo teniendo que retirarse después ante las amenazas de los colectivos. La orden de impedir la entrada de los medios partió del coronel Bladimir Lugo, cuya obligación en todo caso es resguardar la seguridad del Palacio Legislativo y no entorpecer su normal funcionamiento.

Espacio Público contabiliza desde el 2002 hasta 2017 un total de  4810 violaciones a la libertad de expresión, de los cuales 1.002 corresponden al año 2017. Por los vientos que soplan, el 2018 se vislumbra como un año de mucha agresión a la libertad de expresión. Entre los casos más recientes tenemos las agresiones a los periodistas de El Pitazo que cubrían una recorrido del candidato Henry Falcón por el Bulevar de Catia. Los ataques a los periodistas que recogían la información de la protesta de la salud en diferentes ciudades del país, la de los pensionados en la avenida Urdaneta de Caracas, o la agresión a una periodista en un mercado popular por estar recogiendo información sobre el costo de los alimentos.

Pero el gobierno no impide la libertad de expresión solo obstaculizando el trabajo de los periodistas. También utiliza diversos mecanismos como el bloqueo de páginas WEB de carácter informativo como la del Pitazo, que ha sufrido en siete meses dos bloqueos, así como no supliendo de papel, tintas y planchas a los medios impresos, por lo que muchos han tenido que cerrar o pasar al formato digital. Se estima que se han cerrado unos 17 periódicos en los últimos tiempos. O utilizando mecanismos ilegales legalizados a través de la Ley de Telecomunicaciones o Ley Resortme, canales de televisión y emisoras de radio han tenido que cerrar sus puertas, sobre todo en el interior del país.

Es evidente que esta situación se mantendrá y muy posiblemente empeore, mientras este gobierno siga queriendo implantar sus políticas económicas y sociales divorciadas de los intereses reales de la población.

Ante esto solo le queda al gremio periodístico continuar con su responsabilidad de informar a los ciudadanos y organizarse. Para ello es indispensable que el Colegio Nacional de Periodista retome su papel de líder para llevar a cabo acciones en defensa del ejercicio del periodismo. Debe activar sus 26 seccionales para salvaguardar tanto la libertad de expresión como el derecho de los periodistas a ejercer su profesión en libertad.

(*) Coordinadora General de Expresión Libre 

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