Esta revolución no es compatible con la libertad

Fecha: 30-07-2009 11:30 PM


A propósito de la Ley de Delitos Mediáticos

Eduardo Orozco, dirigente de Expresión Libre y expresidente del CNP, fue invitado el viernes 31 de julio al programa de William Echeverría y Beatriz Adrián que se transmite todas las mañanas por el circuito CNB. Texto del proyecto de Ley.

“Esta propuesta de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, forma parte del proyecto gubernamental de crear un cerco, una alambrada legal, alrededor de los derechos ciudadanos”, afirmó Eduardo Orozco, en el programa “A dos voces” en el que se analizó la ley  que limita la libertad de expresión.
 
- Se comenzó con la Ley de Contenidos presentada por Diosdado Cabello que terminó llamándose Ley Resorte. Luego se propone modificar o derogar la Ley de Ejercicio del Periodismo y, ahora, es la propia fiscal quien propone una Ley que criminaliza y establece penas de cárcel por supuestos “delitos de opinión”.
 
- Con anterioridad, el propio Día del Periodista, la fiscal Ortega se refirió a la eliminación del secreto profesional, garantía establecida en la Constitución y la Ley de Ejercicio, que permite desarrollar el periodismo de investigación porque protege la confidencialidad de las fuentes de información.
 
-Esta actuación apresurada de la fiscal está, evidentemente, vinculada a la actuación del ministro Cabello para eliminar las concesiones a emisoras de radio y regular los circuitos radiales; podemos inferir, además, que forman parte de la urgencia que tiene el gobierno por blindar al Estado ante el deterioro de la situación política y el aislamiento interno y externo.
 
-A la fiscal le preocupa más la seguridad del Estado que la seguridad de los ciudadanos y ella antepone al Estado ante los derechos civiles y las libertades públicas. Se quiere una sociedad regimentada y controlada como la sociedad cubana, donde sólo circulan dos diarios, hay una cadena radial y un canal de televisión. Cuando la fiscal afirma que hay que limitar la libertad está reconociendo que esta revolución no es compatible con la libertad ni la democracia.
 
-Los ciudadanos no podrán expresarse ni denunciar las condiciones en que viven, protestar contra la inseguridad o la escasez de alimentos porque estas expresiones serán consideradas como intentos de “crear inquietud” en el resto de la población y “afectan la seguridad del Estado”.

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Ley Especial contra Delitos Mediáticos

 

Artículo 1. Objeto de la Ley:

Esta Ley tiene por objetivo prevenir y sancionar las acciones u omisiones desplegadas a través de los medios de comunicación que puedan ser constitutivas de delitos; ello con el propósito de lograr el equilibrio y la armonía entre los derechos a la libertad de expresión y la información oportuna, veraz e imparcial, y el derecho a la seguridad interna de los ciudadanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución de la República.

 

Artículo 2. Concepto de medios de comunicación:

A los efectos de esta ley se entiende por medios de comunicación social, aquellos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados al público, cualesquiera sea el soporte o instrumento utilizado.

 

Artículo 3. Sujetos activos:

Pueden incurrir en la comisión de los delitos previstos en la presente ley, las siguientes personas:

A. Los dueños y cualquier otra persona que ejerza cargos directivos en medios de comunicación impresos, televisivos o radiofónicos, tanto de naturaleza pública como privada.

B. Productores Nacionales Independientes, periodistas, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sea éste impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza.

 

Artículo 4. Definición de delitos mediáticos:

Constituyen delitos mediáticos, las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social.

 

Artículo 5. Divulgación de noticias falsas:

Toda persona que divulgue a través de un medio de comunicación social, noticias falsas que ocasionen una grave alteración a la tranquilidad pública, pánico en la población, la hubieren mantenido en zozobra, que haya alterado el orden público, que hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado, será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años.

Se aplicará la misma pena a la persona responsable del medio de comunicación social.

 

Artículo 6. Manipulación de noticias:

Toda persona que manipule o tergiverse la noticia, generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad, siempre que con ello se hubiere lesionado la paz social, la seguridad nacional, el orden público o la salud mental o moral pública, será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años.

Se aplicará la misma pena a la persona responsable del medio de comunicación social.

 

Artículo 7. Negativa a revelar información:

El director, gerente, editor o responsable del medio de comunicación social que se niegue a revelar la identidad del autor de la emisión o artículo periodístico publicado bajo seudónimo o en forma anónima, cuando ésta le hubiere sido requerida por el Ministerio Público, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.

 

Artículo 8.

(No aparece en el proyecto original)

 

Artículo 9. Coacción mediática:

Los propietarios, directivos o responsables de medios de comunicación social que empleen éste para amenazar, intimar, coaccionar o de cualquier otra manera infundir un temor a otros, serán castigados con pena de prisión de uno a tres años.

 

Artículo 10. Omisión voluntaria de suministrar información:

Los propietarios, directivos o responsables de medios de comunicación social que de manera voluntaria e injustificada, se negaran a informar sobre hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con prisión de dos a cuatro años.

 

Artículo 11. Instigación:

El que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover la guerra, la violencia, o el odio u hostilidad entre sus habitantes o colectividades, en razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad, ideología, o militancia política, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años.

Con igual pena serán castigados los responsables o directivos del medio de comunicación social que publiquen o transmitan estos mensajes.

 

Artículo 12. Obstaculización de actividades de medios de comunicación:

Toda persona que obstaculice o impida, por coacción, violencia, amenaza, engaño o soborno, el libre funcionamiento de cualquier medio de comunicación social, público o privado, lesionando el derecho a la información veraz, oportuna e imparcial del cual son titulares todos los ciudadanos, será castigada con pena de prisión de uno a tres años.

 

Artículo 13. Exenciones de responsabilidad:

Los responsables de los medios de comunicación social no incurrirán en los delitos previstos en la presente ley por los comentarios emitidos por aquellas personas que participen accidentalmente en transmisiones en vivo, que incluyan la intervención del público, siempre y cuando se le advierta al emisor del mensaje que pudiera estar incurriendo en violación de las leyes.

También estarán exentos de responsabilidad penal los responsables de los medios de comunicación social, respecto de las opiniones emitidas por los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Artículo 14. Sanciones accesorias:

En caso que el responsable de un medio de comunicación social sea condenado por medio de sentencia definitiva firme por la comisión de un delito mediático, quedará suspendido como responsable del medio de comunicación social en cuestión durante el tiempo que dure el cumplimiento de la pena. Por igual tiempo quedará inhabilitado para desempañar cargos directivos en otros medios de comunicación.

De tratarse de un productor nacional independiente como sanción accesoria a la pena impuesta por la comisión del delito mediático o comunicacional, se le revocará el certificado que lo acredita como tal.

 

Artículo 15. Publicación de la sentencia condenatoria:

El juez de la causa, ordenará que la decisión definitivamente firme, recaída en un caso relacionado con la comisión de un delito mediático sea publicada en una sola oportunidad, a costa del condenado y en lugar preferencial en la página editorial del medio impreso o difundida en horario estelar a través del medio de comunicación en que se hubiese cometido el delito, dentro de los siete (7) días siguientes a su remisión. Esta publicación o transmisión debe realizarse sin comentario, apostilla, intercalación o cualquier otra especie de comentario.

 

Artículo 16. Otras responsabilidades:

Las sanciones establecidas en la presente Ley, no excluyen el ejercicio de las acciones administrativas que procedan contra el medio de comunicación o sus responsables, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Ley de Telecomunicaciones y demás leyes que rijan la materia

 

Artículo 17. Remisión:

En todo lo no previsto en la presente ley se aplicarán las disposiciones contenidas en el Libro Primero del Código Penal, y en cuando al procedimiento se aplicarán las normas del Código Orgánico Procesal Penal por ser éste el cuerpo rector en el procedimiento penal.

 

Disposición derogatoria

ÚNICA. Se derogan todas las disposiciones contempladas en otras leyes que colidan con la presente ley.

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