"Golpe de estado" ejecuta el Clec a puerta cerrada

Fecha: 01-06-2009 11:30 PM


Gremios denuncian a legisladores de Carabobo

Representantes del CNP y del Colegio de Abogados del estado Carabobo, miembros del Bloque de la Unidad Gremial e Institucional, analizaron implicaciones de la reforma a la Ley de Comparecencia

Una nueva reforma de ley, desconocida para todos los ciudadanos, salta a la palestra de la opinión pública carabobeña.

En esta oportunidad, los protagonistas son los legisladores de la bancada oficialista del Consejo Legislativo del estado Carabobo (Clec), quienes aprobaron en primera discusión el pasado martes 26 de mayo la reforma de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos y los Particulares, sin que hasta el momento se conozcan mayores detalles del proyecto.

 

Sólo se sabe que -según declaró la diputada de la fracción de Proyecto Venezuela (Prove), Karelys Lizarraga- existe la intención de penar con la confiscación de sus propiedades o bienes a quienes no se presenten ante el parlamento regional para ser interpelados.

Abogados, docentes universitarios, entre otros gremios, coincidieron en afirmar que el Consejo Legislativo regional usurpa funciones de la Asamblea Nacional (AN), ya que es reserva de ley nacional todos los aspectos vinculados con la regulación de normas de esta naturaleza.

Asimismo, manifestaron que, a todas luces, el referido texto jurídico es inconstitucional puesto que -de acuerdo a los aspectos denunciados en los medios de comunicación de la entidad carabobeña- la confiscación de bienes está prohibida en la propia Carta Magna.

El Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Carabobo, Angel Perozo; el presidente del Colegio de Abogados de la región, Lisandro Cabrera; y el vicepresidente del mencionado organismo, Ramón Carmona, miembros del Bloque de la Unidad Gremial e Institucional afirmaron que un "golpe de estado" ejecuta el Consejo Legislativo de Carabobo a puerta cerrada, al no dar a conocer el proyecto de reforma para que pueda llevarse a cabo el análisis respectivo e igualmente, al impedir la participación de los principales sectores que hacen vida en la entidad.

Angel Perozo va mucho más allá, advirtiendo que si se aprueba esta ley se concretaría un golpe de estado a la libertad de expresión y "es allí donde nosotros vamos a actuar porque no podemos permitir esa anomalía".

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Abogados, Ramón Carmona, señaló que, ciertamente, estaríamos frente a un golpe de estado, pero "existen las maneras de comprobar todas las irregularidades cometidas", entre las que destacan no sólo el incumplimiento de la Carta Magna, sino también la transgresión de los fundamentos establecidos en la Ley de los Consejos Legislativos y en el Reglamento de Interior y Debates del Clec.

Todas estas consideraciones vinculadas con el álgido tema fueron esgrimidas en la sección dominical del diario Notitarde, donde estuvieron presentes por la referida casa editora Luis Borjas, editor jefe de redacción; Margarita Jiménez Márquez, perteneciente al directorio principal de Editorial Notitarde; Alejandrina Uribe-Betancourt, editora jefa diurna; Humberto Torres, editor de ciudad de cierre; Marisol Pradas, editora; el reportero gráfico Jacinto Oliveros y quien suscribe estas líneas.

En atención a la problemática expuesta, Lisandro Cabrera recalcó que los planteamientos realizados por el Colegio de Abogados en torno a la Ley de Comparecencia no son de carácter político, sino legal. "Estamos a puertas abiertas, nuestros espacios, nuestros conocimientos y nuestra tribuna pueden ser utilizados a favor del colectivo", dijo. 

 

Aberración jurídica

Cabrera precisó que el Colegio de Abogados, presentó una solicitud formal ante el Consejo Legislativo del estado Carabobo a objeto de conocer el proyecto de reforma para luego realizar un análisis comparativo entre la ley vigente y lo que se pretende implementar, además de pedir la incorporación en la discusión. Sin embargo, apuntó que nunca recibieron respuestas, "pero a través de los medios de comunicación obtuvimos la información de que iba a haber un debate público en la Plaza Bolívar y ese debate no era para discutir, era para aprobar".

En consecuencia, afirmó que, desde ese momento, ya se estaban transgrediendo las disposiciones legales establecidas para abordar el tema en cuestión.

Por su parte, Ramón Carmona señaló que, desde todos los puntos de vista, la Ley de Comparecencia es una aberración jurídica que "no tiene ni pies ni cabeza".

En primera instancia, hizo mención a las sanciones por la no comparecencia de alguna persona, destacando las de carácter pecuniario donde se prevén multas de entre 300 y 500 Unidades Tributarias (UT). Asimismo, resaltó lo concerniente a la confiscación de bienes, aspecto que ni siquiera está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y "que está totalmente apartado de las facultades que ellos pudieran tener".

De igual manera, Carmona comentó que el artículo 162 de la Ley de los Consejos Legislativos plantea las funciones específicas que éstos poseen, donde se incluye la posibilidad de citar a funcionarios públicos incursos en alguna irregularidad administrativa o a cualquier civil que también haga lo propio, desde el punto de vista público.

- Ese empeño de abarcar o querer tener la potestad de citar a entes naturales, a personas jurídicas privadas, a gremios, al clero, definitivamente es un empeño que todavía no tiene razón, que definitivamente tiene que ser de carácter político porque desde el punto de vista jurídico ellos saben que están haciendo una aberración, es decir, todo ese procedimiento, esa aprobación en primera discusión es un acto irrito porque no viene cumpliendo con los canales regulares, enfatizó.

En cuanto a la inconstitucionalidad de la ley, precisó que el artículo 136 de la Carta Magna hace referencia a los Poderes Públicos, mientras que el 137 habla de las funciones o limitaciones de los órganos que lo componen. Por ello, Carmona insistió, no sólo en la usurpación de funciones propias de la AN, sino también del Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos policiales.

"Ellos no sólo se están metiendo con los gremios o con el clero, ellos están buscando la oportunidad, y ese es el llamado que le estamos haciendo a la ciudadanía, de meterse con las asociaciones de vecinos, con las juntas comunales que manejan recursos, con los bancos comunales que manejan recursos, entonces esto no es problema que atañe nada más a un sector, sino que ellos pretenden tener la posibilidad de citar a quien simple y llanamente no coincida con ellos", manifestó Ramón Carmona.

 

Atentado contra el derecho a la defensa

Otro elemento de suma importancia señalado por Carmona está relacionado con la violación del artículo 49 de la Constitución, donde se establece lo concerniente al debido proceso.

- Allí está presente uno de los derechos fundamentales que existe en cualquier sociedad democrática, que es el derecho a la defensa.

La trasgresión de éste está enmarcada, catalogado en los tratados internacionales de derechos humanos, como delitos de lesa humanidad, que no prescriben y que pueden ser sancionados en cualquier momento, advirtió.

 

Adecuación legal politizada

El presidente del Colegio de Abogados de la región, Lisandro Cabrera, destacó que actualmente estamos en presencia de una adecuación legal politizada, es decir, "cada vez que el Ejecutivo consigue en algún texto legal algo que le favorece, lo trae para sacarle provecho, desvirtuando el propósito y razón de esa ley, situación que se está evidenciando en todos los niveles".

Precisó que si bien existe una Ley de Comparecencia, ésta fue creada dentro de un estado de derecho, enmarcada en un sistema democrático, donde no se previeron los alcances de las laguna axiológicas, en otras palabras "lo que no se aclaró y eso es natural porque no somos perfectos".

Sin embargo, aseveró que el Clec se está convirtiendo en "el gran inquisidor", porque una vez aprobada la ley, con las disposiciones corregidas, iniciará sus labores contra aquellos que tengan una opinión distinta, fundamentalmente en el ámbito de los gremios.

 

"La única forma de actuar es bajo el marco legal"

Por su parte, el secretario general del CNP seccional Carabobo, Angel Perozo, recalcó que frente a este panorama, "la única forma de convivir y actuar es bajo el marco legal, dando a conocer justamente las leyes porque no podemos seguir sintiéndonos amenazados, al contrario tenemos muchas fortalezas que defender y no precisamente a través de marchas y de caminatas, sino también con el argumento legal".

Visto de esta forma, señaló que el Colegio Nacional de Periodistas asumió un nuevo rol dentro del contexto social, dirigido indiscutiblemente a los agremiados pero también hacia la función que ejerce el periodista en el entorno que lo rodea.

De esta manera, enfatizó que si la Ley de Comparecencia forma parte de una directriz de la Asamblea Nacional para "aplacar" los fundamentos del periodismo regional, "creo que lo están haciendo sobre bases muy débiles porque aquí existe sobre todo el espíritu de ética y existe una ley que estamos dando a conocer en todos los contextos, porque los parlamentarios no conocen la Ley del Periodismo".

Asimismo, aclaró que el Bloque de la Unidad Gremial e Institucional no está fundamentado en premisas partidistas sino institucionales, motivo por el cual "aquello que nos afecte, en el marco legal, nosotros vamos a hacerle frente". Enfatizó si el referido instrumento jurídico es aprobado, pues será impugnado.

- Ellos obviaron la responsabilidad de convocatoria, basados en el artículo 90 del Reglamento de Interior y Debates del Clec. Nosotros no nos hemos negado a aportar nuestras ideas, estamos abiertos al diálogo, a un entendimiento constructivista, pero aquello que vaya a atentar contra la libertad de expresión, bien sea de los comunicadores, de los abogados o de cualquier persona, tenemos que hacerle frente, expresó Perozo. El máximo representante del CNP en Carabobo manifestó confiar en las instituciones, destacando "las dudas pudieran estar en quienes las dirigen, que pudieran estar apasionados por un ambiente político".

Foto: De izquierda a derecha: Humberto Torres, Alejandrina Uribe-Betancourt, Margarita Jiménez Márquez, Ramón Carmona, Lisandro Cabrera, Angel Perozo, Luís Borjas, Marja Cicero y Marisol Pradas.

 

 

Notitarde / Marja Cicero / Foto: Jacinto Oliveros

Cuba y Nicaragua: necesitamos recuperar el espacio cívico democrático

(Caracas, 20/07/2021). Las organizaciones venezolanas que suscriben este comunicado rechazan categóricamente la represión y restricciones ilegítima...

Realidad Vs Propaganda

Eduardo Orozco   La reciente explosión social que estremeció a Cuba, con serias repercusiones en la política latinoamericana y mundial, coloc...

Entre rebote y rebote la noticia se globaliza

Por Luis Zambrano  * En la medida del avance las tecnologías de la guerra y de la comunicación, la noticia se vuelve vieja, y pierde vigencia al...

Marcelino Bisbal: “El comunicador responsable no es un Pilatos que se lava las manos”

“Nuestra condición de profesionales que buscamos la verdad en el horizonte de nuestro trabajo no nos permite caer en el cinismo de quien afirma “t...

En este país es necesario “construir enemigos”

Por Elsy Manzanares (*)   Construir un enemigo en un país como el nuestro, donde se vulneran los derechos humanos, la mentira es “un parte de...