La labor humanitaria no es un delito

Fecha: 11-02-2021 08:46 PM


Por Gregorio Salazar (*)

El lunes 8 de febrero cinco jóvenes activistas de los derechos humanos se plantaron frente a la sede del Ministerio Público en Caracas y embadurnaron sus cuerpos con pintura azul en protesta por la detención de cinco integrantes de Azul Positivo, una ONG zuliana dedicada a apoyar con alimentos y medicinas a pacientes de VIH y otros sectores en situación de vulnerabilidad. Allí permanecieron pacífica y silenciosamente por espacio de varios minutos.

      Fue una de las formas de protesta que miembros de varias ONGs de derechos humanos realizaron bajo la consigna “Nos faltan cinco”, a partir de la detención arbitraria de Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Laynerse Gutiérrez, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, tras un allanamiento practicado en la sede de Azul Positivo por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (SIPEZ). Si algo hay de sobra en el país son organismos represivos para investigar y encarcelar.

       Azul Positivo es una organización caritativa y de derechos humanos que desde hace 17 años ha trabajado dando apoyo de distintas formas a pacientes de VIH, pero cuando creció la emergencia humanitaria  por efectos del modelo económico y social que desde hace 21 años rige en el país, extendieron su cooperación hacia otros grupos vulnerables. Les facilitan la compra de alimentos a través de tarjetas de débito con dinero proveniente de la cooperación internacional. 

      Como en otros casos, todo comenzó por un “procedimiento administrativo” que duró seis horas y tras lo cual se llevaron a los cinco miembros de esa ONG, acusados de los presuntos delitos de legitimación de capitales, uso fraudulento de tarjetas inteligentes con tarjetas de pago y asociación para delinquir. A quien le imputen solo el primero de esos delitos puede ser castigado con una pena de diez a quince años de prisión. Un análisis jurídico de las acusaciones contrapuestas con la labor de Azul Positivo indica a las claras que en nada de eso se ha incurrido: el dinero es legítimo y se asigna directamente. Menos mal que no les colocaron un fusil como al periodista Roland Carreño. 

      Como denominador común a este tipo de acciones represivas, no se les permitió hablar con sus abogados hasta el momento de la audiencia de presentación, dejándolos indefensos desde el mismo momento del allanamiento como durante el tiempo de la detención, lapso en el cual, además, se contagiaron de la Covid 19.

Aparte de las protestas del movimiento de defensores de los derechos humanos, la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) se unió a la exigencia de libertad para los cinco detenidos. Finalmente, tras 28 días de detención arbitraria fueron excarcelados los cinco integrantes de Azul Positivo, pero quedaron bajo medida cautelar del régimen de presentación cada 30 días.

      Son tantos ya los ciudadanos sometidos a ese régimen que no será raro ver cualquier día de estos una procesión de ciudadanos rumbo a los tribunales para cumplir con la medida cautelar.

      La reciente arremetida oficial contra las ONGs se ha convertido en una acción sistemática, lo mismo que contra los medios de comunicación, cuyos casos más recientes son los de Efecto Cocuyo, VPITV y Tal Cual, solo por mencionar algunos.  Antes de Azul Positivo también fueron blanco de algún tipo de medida organizaciones como Convite, Acción Solidaria, y de ataques verbales por parte de altos voceros del régimen Provea y Acción Solidaria.   

      La labor humanitaria no es un delito y menos en la emergencia que vivimos. Informar no es un delito. Protestar no es un delito. Son derechos garantizado por la Constitución Nacional. Hay que repetírselo y reclamárselo todos los días a un régimen que, contra la pared, persigue sin miramientos a todo aquel que le deja al descubierto todos sus errores, ineptitudes, corruptelas y los extravíos ideológicos que han convertido a Venezuela en un Estado fallido. 

 

(*) Coordinador General de Expresión Libre

                                                 

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