Las leyes que penalizan la prensa son repudiadas en todo el mundo

Fecha: 08-07-2009 11:30 PM


El SNTP se dirije a la señora Fiscal General

La señora Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, cuyo despacho debe garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales, acaba de anunciar su intención de presentar ante la asamblea nacional una “ley de delitos mediáticos” con la cual considera se podrá controlar a periodistas y directores de medios de comunicación “para que haya una información veraz”.

En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), organización fundada y dirigida por periodistas durante toda su historia, nos consideramos en el deber de señalarle respetuosamente a quien tiene bajo su responsabilidad el ministerio público que con semejante propuesta no solamente se coloca de espaldas al mandato que le impone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sino también a contracorriente del pensamiento mundial, compartido por gobiernos y organizaciones internacionales, que hoy tiende precisamente a despenalizar los llamados “delitos de prensa”

 

Resulta verdaderamente llamativo el comportamiento que durante los últimos días viene manifestando la doctora Ortega Díaz, pues la semana pasada también hizo blanco de sus críticas a la reserva de las fuentes periodísticas, garantizada por la Constitución Nacional en su artículo 28. En un país donde campean la inseguridad personal, la impunidad, la corrupción, los horrores del sistema carcelario y el colapso de los servicios públicos, entre otros flagelos, a la Fiscal sólo parece preocuparle encontrar la forma para restringir aún más la libertad de expresión y sumarse al coro de otros voceros gubernamentales que impúdicamente claman por ver silenciados los medios, los periodistas y por tanto las voces del pueblo venezolano.

 

A este respecto, ya es claramente apreciable que desde el gobierno, con la complicidad de la asamblea nacional, el ministerio público y periodistas que han hecho apostasía de los postulados gremiales, se está fraguando el diseño y aprobación de instrumentos legales de carácter altamente punitivo, para criminalizar la labor informativa y dejar en la indefensión a los periodistas.

 

Señora Fiscal: la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información no son una amenaza para la democracia. Todo lo contrario, son derechos humanos que se constituyen en la base fundamental para la existencia de una sociedad verdaderamente democrática, pluralista, tolerante y armoniosa, orientados a la dignificación de la persona.

 

Señora Fiscal: La Libertad de Expresión y por tanto de información se insertan en el orden público primario de la democracia, en razón de que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse.

 

Señora Fiscal: El derecho a la Libertad de Expresión e Información es uno de los principales mecanismos que tienen toda sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público.

 

Señora Fiscal: Las jurisprudencias de Europa y de los Estado Unidos de Norte América comparten el principio de distinción en el nivel de protección otorgada a la persona pública y privada, reconociéndose que los limites de la critica aceptable deben ser más amplios respecto a un político como tal con relación a un individuo particular, porque el primero está expuesto a un escrutinio abierto de sus palabras y actos tanto por la prensa como por el público en general.

 

Señora Fiscal: Si en América Latina como en otros continentes los periodistas en ejercicio de su función informativa son querellados y sancionados penalmente, inclusive con la utilización del Poder Judicial como medio hostigamiento e intimidación, ello se debe precisamente a la falta de un marco jurídico que garantice adecuadamente la libertad de expresión a periodistas y medios de comunicación.

 

Para que sea objeto de su reflexión, sepa que ante esta realidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión y la representación de la Comunidad Europa sobre Libertad de los Medios de Comunicación, han conminado a los países del mundo a que adapten sus leyes al marco internacional vigente, eliminando las disposiciones de carácter restrictivo o coercitivo.

 

Finalmente, esté consciente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 108 periodo de sesiones, realizado en octubre de 2000, aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, un instrumento que profundiza el articulo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, expresando en el articulo 10 “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona público o particular que se haya involucrada voluntariamente en asuntos de interés públicos”.

 

Esperamos que estas informaciones merezcan su atención y motiven su reflexión a fin de evitar que usted y el despacho que dirige carguen con el oprobio de impulsar un instrumento de ley que pasaría a la historia como un oprobioso retroceso en los derechos humanos de los venezolanos y de su democracia.

 

LA JUNTA DIRECTIVA del SNTP

Caracas, 8 de julio de 2009.

 

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