Maltratadores

Fecha: 12-03-2009 11:30 PM


Editorial del CNP Caracas


Cuando el Viceministro de Alimentación le tuerce la muñeca a Mariana Gómez para apartar su micrófono y sus subordinados la sacan a empujones del sitio donde trabaja con sus compañeros, se comete un delito. Un delito contra una mujer, contra una periodista. Cuando hombres armados de la aviación rodean y detienen arbitrariamente a Carmen Elisa Pecorelli y a su equipo y los obligan a “rendirse” y a entregar su trabajo como si fuese un botín de guerra, a cambio de su libertad, cometen un delito contra una mujer, contra una periodista.

Se trata de hechos de maltrato ocurridos en un mismo día contra reporteras de un canal de noticias: una en la cobertura de una entrega de documento al ministerio de Agricultura y Tierras en Caracas, la otra mientras hacía la cobertura periodística de la expropiación y ocupación forzosa de la Hacienda El Tamarindo en el estado Aragua.

Los maltratos son hechos graves en sí mismos. Pero lo más grave es lo que pasa con un país cuando funcionarios del Estado se creen en el derecho de obrar de esa manera: si estos machos pueden seguir libres y sentirse intocables, si en efecto, permanecen impunes, la democracia, la voluntad del pueblo de vivir en un país libre, ha sido vulnerada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue muy clara en su sentencia a favor de los periodistas de Globovisión y RCTV: el Estado está obligado a garantizar el derecho de los profesionales de la comunicación a informar, sin obstáculos ni presiones; a investigar y procesar a aquellos funcionarios y particulares que recurran a la violencia física o psicológica contra quienes cumplen con el sagrado deber de ser los oídos, los ojos y la voz del pueblo.

¿Qué querían esconder estos militares en Aragua para obrar dentro de la más rancia tradición de los gorilas de las dictaduras latinoamericanas? ¿Qué pretenden aquellos que para acallar una protesta golpean a reporteros y camarógrafos?

¿Que los venezolanos ignoren los abusos cometidos contra los productores agropecuarios? ¿Que ignoren los ataques contra industrias de alimentos como Cargill o Empresas Polar y, particularmente, los agravios contra empresarios como Lorenzo Mendoza, reconocidos por sus pares y por sus empleados como uno de las empresarios socialmente más responsables del país?

¿Que los reclamos de los trabajadores de las industrias básicas, del Metro, de Pdvsa, de los estudiantes universitarios queden ahogadas en una nube de “gas del bueno” y que no haya testigos? ¿Que nadie se entere de cómo a diario se desconoce la voluntad popular al impedir a alcaldes y gobernadores electos, desde las filas de la oposición, ejerzan sus potestades legítimas?

¿Que nadie se entere de cómo los tribunales de la república atropellan la Constitución y las leyes prolongando de manera inexplicable procesos contra presos políticos y obstaculizando toda gestión de aquellos que obran fuera del férreo control que pretende imponer el primer mandatario nacional? ¿Que no se juzgue la actuación de una Asamblea Nacional sumisa a la voz del Ejecutivo y que pretende imponer a la fuerza la reforma constitucional rechazada electoralmente por la mayoría de los venezolanos?

El objetivo no puede ser otro que dejar inermes a los ciudadanos, en otras palabras, quitarle todo el poder al pueblo para reclamar sus derechos y formarse su propio juicio sobre lo que ocurre en el país. Están maltratando a Venezuela: a sus productores, a sus comerciantes, a sus industriales, pero también a sus campesinos, a los que comen arepas y arroz, a los obreros y a todos a los que tenemos derecho a informarnos en libertad y con veracidad.

Roger Santodomingo


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