Opinar es delito

Fecha: 12-08-2009 11:30 PM


Con voz propia / Alberto Jordán Hernández

De acuerdo con la Doctrina Bolivariana que el régimen usurpa para vulnerar, sí es un derecho sacrosanto. Esto lo niega el teniente Diosdado Cabello, quien en su comisión de liquidarlo enfatiza que “no es la libertad de expresión la libertad más sagrada que pueda existir”

Pareciera usar su característica mordacidad cuando al referirse a la clausura de las primeras 34 emisoras y televisoras de la lista de 240, el teniente coronel presidente afirma que ningún país "puede competir pelo a pelo en libertad de expresión", con el nuestro. Sobrada razón tiene.
Las agresiones al derecho a la información que, no dejamos de repetir, instauró constitucionalmente Venezuela por primera vez por en el mundo hispano, no igualan a los registrados en estos diez años de dictadura mediática. Muertes de comunicadores pasan de 20; los heridos, del millar como las detenciones, en las cuales no faltan los ensañamientos, evidenciado en el Táchira con la detención de Gustavo Azócar, a quien trasladan al tribunal esposado y con repliegue militar.
Agreguemos exilios personificados en Patricia Poleo; juicios administrativos y judiciales que ya se acercan a 400; en fin, los permanentes asedios a la prensa.
En este reprobado ambiente, resaltamos un elemento del derecho a la información, el de opinión, uno de los “más preciosos del hombre” y por el cual Nadie debe ser incomodado”, tal quedó establecido hace 220 años en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
No es de extrañar que ella motivara a El Libertador para quien “es el primero y más inestimable bien del hombre en sociedad” según lo normó en la auténtica Constitución Bolivariana, la aprobada por el Congreso de Angostura hace 190 años. Y tampoco debe sorprender que el agregado: “La misma ley no puede prohibirlo”, sea influencia de la primera enmienda de la Carta Magna de Estados Unidos (El Congreso no hará ley…que coarte la libertad de expresión o de la prensa)
De acuerdo con la Doctrina Bolivariana que el régimen usurpa para vulnerar, sí es un derecho sacrosanto. Esto lo niega el teniente Diosdado Cabello, quien en su comisión de liquidarlo enfatiza que “no es la libertad de expresión la libertad más sagrada que pueda existir”.
En afirmación de El Libertador “La opinión pública es el objeto más sagrado, ella ha menester la protección de un gobierno ilustrado”. Para su ética militar constituye “la primera de todas las fuerzas” y “vale aún más que los ejércitos”, cuando  cambia a su favor.
Así como sucede con el derecho a la información, el de opinar –garantizado en el artículo 57 de la vigente Constitución- se convierte en censura por temor, y no falta el oportunismo, de algunos medios.
Claros ejemplos se dan en Aragua, donde el régimen adquirió por compra una televisora y un diario; confiscó otro canal y una emisora y asumió el control de un tercer canal con un diario. 
Del veto es víctima el periodista, constituyente y luchador por la consagración constitucional del derecho a la información, Antonio Di Giampaolo. Y lo hace TVS, la televisión pionera de Aragua, en la cual transmitía desde su fundación, su programa de opinión arbitrariamente clausurado. No es el único caso, antes de su sometimiento a la línea oficialista, sacaron del aire al padre Néstor Pérez y Carolina Jaime Branger.
La eliminación de programas opinión la propició el régimen con la expulsión de Venevisión y Televen de Napoleón Bravo, Marta Colomina, Oscar Yánez, César Miguel Rondón e Ibeyise Pacheco. En casi todos los estados, la presión ha surtido efecto. Casos concretos se han dado entre otras entidades, en Anzoátegui, Zulia y recientemente Falcón, donde suspendieron Mesa de Dialogo el único programa de opinión plural que estaba activo y en Carabobo donde cortaron la transmisión del programa de Mauro Izaguirre, cuando entrevistaba al secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, Angel Perozo.  
Que la opinión es un delito para este régimen, lo demuestra el encarcelamiento por cuatro años del general Francisco Uson.
De allí que el teniente coronel manifieste estar feliz por el desarrollo de la libertad de expresión y se jacte de no estar preocupado.
 

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