Periodistas y medios en la mira

Fecha: 15-04-2009 11:30 PM


Eduardo Orozco

Es evidente que el régimen del Presidente Chávez no está preparado para tolerar ningún tipo de crítica a su gestión y a la de sus funcionarios. Cualquier observación o reclamo de los ciudadanos, expresados en los medios de comunicación, es descalificado de inmediato en términos groseros y violentos.

Esta actitud intolerante y generalizada se convierte en un manto protector para funcionarios de todos los niveles de la gestión del Estado quienes asumen el discurso presidencial para ocultar sus propias deficiencias e ignorar los reclamos de los ciudadanos en materia de inseguridad, vivienda, salud o servicios públicos.

A medida que los reclamos proliferan, por el incremento de las fallas en el cumplimiento de promesas a la población y la ausencia de respuestas, aumenta el tiempo y el espacio que los medios de comunicación dedican a estos reclamos. Entonces surge la acusación oficial de “conspiración mediática”, “medios golpistas” o “periodistas vendidos”.

Hemos visto como ciudadanos, que reconocen haber respaldado al Presidente, recurren a los medios independientes para expresar sus reclamos y denuncias porque en los medios del Estado no los atienden. Incluso, en más de una ocasión, cuando el propio Presidente permite que algún ciudadano intervenga en una de sus cadenas, estos aprovechan para reclamar el cumplimiento de compromisos olvidados por el Gobierno.

Este vínculo entre la necesidad popular de expresar sus denuncias, con los medios de comunicación y los periodistas, comienza a cristalizar en un conjunto de coincidencias que identifica a densos sectores de la población con temas como la libertad de expresión, el derecho a la información, los medios de comunicación y el trabajo de los reporteros.

Este es uno de los aspectos que explican el aumento de la agresividad del régimen contra los periodistas organizados, Globovisión y medios radiales e impresos. Ya comienzan a surgir amenazas de suspensión de concesiones a plantas de TV, mayores restricciones de dólares para importar insumos y la liquidación de la Ley de Ejercicio del Periodismo. Todos estos anuncios intentan preparar el terreno para actuaciones directas contra la libertad de expresión, el cierre de medios y lograr el silenciamiento de los ciudadanos.

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