¿Un discurso repetido en 1750 cadenas termina siendo verdad?

Fecha: 27-05-2009 11:30 PM


10 años de Aló Presidente

Un grupo de especialistas analiza el uso exagerado de las cadenas de radio y televisión para vender un proyecto ideológico y sus efectos en la población

Recopilación: Eduardo Orozco

El Presidente de la República anunció que, a partir del jueves 28 de mayo, trasmitirá un Aló Presidente durante 4 días seguidos para celebrar los 10 años de las transmisiones del programa que “terminará el domingo en la tarde, o en la noche”.

 

Naturalmente, este anuncio ha generado toda clase de comentarios que, en su mayoría critican la desmedida locuacidad presidencial, mientras se agravan los problemas que afectan gran parte de la población.

 

Hay que tomar en cuenta que, por un lado existe el programa Aló Presidente al que hay que sumar otras alocuciones que se transmiten en cadena de radio y televisión.

 

En un recuento elaborado por Jaime López, de la agencia española Efe, recuerda que Hugo Chá-vez protagonizó hace diez años su primer programa de radio; “De frente con el Presidente”, que duró una hora. Con el paso del tiempo, el programa se sofisticó, engrosó su presupuesto y su horario. Ha batido récords de hasta ocho horas de transmisión continua, durante las cuales Chávez tiene tiempo para hablar de todo: deportes, música, política, historia, geografía, economía, literatura y, hasta gastronomía.

 

Desde la pequeña pantalla, Chávez trata de gobernar con alma de comediante y corazón de estadista. A finales de 2002, propició un paro empresarial de dos meses, cuando con un silbato en la mano despidió a toda la directiva de Petróleos de Venezuela: “¡Gracias a todos por participar! Pero están ustedes despedidos”, dijo al tiempo que emitía unos pitidos, a modo de árbitro.

 

La logística y producción de Aló Presidente son faraónicas. No se escatiman gastos. En 2008, el ministerio de Comunicación planificó 52 programas de Aló Presidente, que según los últimos presupuestos, tuvieron un coste 7,8 millones de bolívares. La duración de cada programa, de entre cinco y siete horas, ha causado hasta problemas laborales.

 

El 27 de julio de 2008, durante su programa dominical, Chávez amonestó al equipo de técnicos y camarógrafos que trabajaban en su plató itinerante, y les llamó “vagabundos” y “degenerados” por querer cobrar las horas extra a precio de oro.

 

De acuerdo con las mediciones publicadas por la empresa AGB Nielsen Media Research, el Gobierno ha transmitido desde 1999 hasta noviembre de 2008 un total de 1.751 cadenas de radio y televisión, que han durado 1.091 horas 16 minutos 37 segundos: el equivalente a más de 45 días ininterrumpidos. Y sigue sumando.

 

El Presidente abusa

Al comentar las cifras, el investigador Oscar Lucien afirma que “más allá de toda retórica, causa un enorme daño la descarada sobreexposición presidencial.

 

“La llamada cadena presidencial es uno de los atentados a la libertad de expresión y al derecho a la información que con pasmosa pasividad tolera la sociedad democrática venezolana. Muy pocas expresiones existen en las sociedades democráticas de esta perversa apropiación de todo el espectro radioeléctrico por parte de un mandatario en beneficio de su acción de gobierno y, peor aún, para colocarlo al servicio de su parcialidad política o de sus veleidades personales de show man”. (El Nacional 27/03/09)

 

No existe en nuestro país fundamento constitucional o jurídico alguno para que se nos “aplique la cadena”, en tal grado de impunidad. Contrariamente a lo que sostiene el propio mandatario, su condición de Presidente no lo facultad para imponer sus alocuciones oficiales de manera simultánea en todo el circuito radioeléctrico. La “cadena” contraviene los artículos 57 y 58 de la Constitución relativos a la libertad de expresión y al derecho a la información.

 

Además, es falso que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones provea de algún asidero legal. En efecto, el artículo 192 de esta ley establece que el Presidente podrá ordenar “a los operadores que presten servicios de televisión por suscripción, a través de canal de información a sus clientes y a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta la transmisión gratuita de mensajes y alocuciones oficiales, de la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los ministros”. Como puede notarse, se habla de transmisión gratuita, pero en ningún momento se establece que estas transmisiones deban ser simultáneas.

 

Habla Antonio Pasquali

El periodista José Vales, de El Universal, de Ciudad de México, entrevistó al comunicólogo Anto-nio Pasquali y resalta que “su currículum y sus obras críticas no le impidieron salir en defensa de la emisora Radio Televisión Cara-cas (RCTV), porque “representa un acto dictatorial que busca la hegemonía comunicacional”.

 

- Yo comencé a criticar en 1964 al duopolio comercial que conformaban RCTV y Venevisión. Pero en 44 años los parámetros se modificaron. El cierre de RCTV es una medida eminentemente política. Como el 80% de los venezolanos, estoy en contra del cierre de RCTV, porque este gobierno acorraló tanto a la disidencia que esa cadena representaba a la mitad de nuestra capacidad de disentir y nos la han quitado.

 

Citado por “El Nuevo Herald” de Miami, Pasquali dice “Comparado con otros Presidentes democráticos, Chávez es el que mayor poder ha acumulado, el que más ha viajado y el que más ha hablado”. El hecho representa “una patología dictatorial de nueva generación: la de un Presidente-predicador”.

 

La gente esta saturada

En entrevista concedida a la periodista Soniberth Jiménez de El Universal, Gustavo Hernández, director del Ininco afirma que “el Estado pueda llegar a controlar espacios públicos de Internet como blogs, páginas web y hasta el Facebook, y la comunicación privada en Internet como chats y correos electrónicos. Estamos hablando de la invasión de lo privado, controlando la libertad de expresión y de pensamiento que circula en Internet. Una situación donde la sociedad de la información está controlada por el sector gubernamental”.

 

- La gente está saturada con las cadenas y Chávez está convencido de que todos piensan igual que él y, cuando se erige como el Mesías, hay que aplicarle la teoría del neoautoritarismo de Umberto Eco, que lo describe como ‘el culto a la tradición más primitiva que obstaculiza el avance del saber. La combinación de la política con el saber académico ha dado lugar a una especie de neolengua integrada por discursos que sirven para tergiversar la realidad y tratar de convencer ideológicamente. Los gobiernos de tendencia autoritaria actúan de manera impulsiva, emocional e irracional, basados en consignas, sin pensar en las consecuencias sociales.

 

“El Estado-comunicador ha avanzado en una creciente concentración de medios de comunicación para uso exclusivo del Gobierno y su partido con fines propagandísticos. El Gobierno controla siete televisoras de alcance nacional, una en VHF y seis en UHF, incluyendo Telesur, y 35 televisoras abiertas comunitarias habilitadas en UHF. Mientras que en el sector de radiodifusión sonora controla Radio Nacional de Venezuela, la cadena YVKE, y 231 emisoras comunitarias de radio operando en FM. También se suma una agencia de noticias y 73 periódicos comunitarios con apoyo financiero del Gobierno para operar”.

 

Otro especialista, Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, en un informe especial sobre la libertad de expresión en Venezuela señala que “la explicita declaración del ex ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, de construir una hegemonía comunicacional, derivó en una progresiva reducción de los espacios privados de comunicación que en la actualidad oscila entre la paridad entre estatales y privados; y la hegemonía de los medios estatales. Hay un conjunto de medidas concurrentes que incluyen medios indirectos para la restricción de la libertad de expresión: como la asignación arbitraria de la publicidad oficial a medios con líneas próximas a la gestión gubernamental; la restricción de divisas para papel y equipos a medios críticos; la aplicación de sanciones tributarias y administrativas discriminatoriamente; y la persecución judicial a medios y periodistas críticos.

www.correodelavila.com

 

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